LAB considera una "persecución" el juicio a tres de sus dirigentes
El sindicato abertzale LAB se siente víctima de una "persecución organizada desde los ámbitos policial y judicial" por el juicio que hoy se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya contra tres de sus dirigentes, a los que el fiscal reclama en conjunto casi tres años de cárcel. Los sucesos se remontan al 7 de febrero de 1997, cuando la central convocó una protesta en Bilbao por la detención de la Mesa Nacional de HB que concluyó en incidentes (ver EL PAÍS de ayer).Los encausados son los responsables de Comunicación y de Acción Sindical del sindicato, Txutxi Ariznabarreta y Txomin Lorca, respectivamente, y la dirigente Itziar Lopategi. El Ministerio Público hace la mayor petición de condena (dos años) contra Ariznabarreta por facilitar la huida de Lorca, para el que reclama ocho meses por negarse a identificarse. Para Lopategi, el fiscal pide veinte días por un delito de faltas por insultos.
El secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, consideró ayer "injustificadas" las acusaciones y recalcó que los responsables de la Ertzaintza, "además de provocar los hechos con brutalidad, no han tenido el más mínimo escrúpulo en tergiversarlos".
"Un escándalo"
Para el dirigente sindical, se trata de "un escándalo político y judicial" porque se plantea un proceso "con penas desorbitadas, denotándose una connivencia entre el ámbito policial y judicial" para acosar "a una organización que quiere ejercer sus derechos".
El responsable de LAB sostuvo que el juicio "pone en evidencia una falta de libertades mínimas, de expresión, de manifestación,... y que en Euskal Herria, en relación a determinadas organizaciones, existe un grado de persecución organizada desde los ámbitos policial y judicial".
Para respaldar su postura, los responsables de LAB difundieron durante su rueda de prensa un vídeo que recoge el enfrentamiento entre los manifestantes y efectivos de la Ertzaintza.
Según el abogado Koldo Markos, la actuación de los ertzainas fue "irregular" y su relato de los hehcos está "repleto de falsedades". El letrado sostuvo que la policía vasca no tenía "ninguna obligación legal de identificar" a quienes portaban la pancarta de proesta, ya que la manifestación no impedía el paso de vehículos y transeúntes. En su opinión, al estar claramente identificado el sindicato LAB como organizador de la movilización, la Ertzaintza tenía que haberse limitado a tomar constancia de ello "y haber tramitado el correspondiente expediente sancionador". En cambio, los agentes decidieron "ir a identificar" a quienes portaban la pancarta "con un claro deseo de que ocurriera algo".
Los responsables de LAB anunciaron que el vídeo será remitido a los sindicatos de la Ertzaintza y al consejero de Interior, Javier Balza, a quien Díez Usabiaga exigió una investigación sobre lo ocurrido.
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