Tarancón lanza un pacto que homologa la enseñanza privada a la pública

El consejero de Educación, Manuel Tarancón, presentó ayer la propuesta del Gobierno valenciano para "impulsar un pacto global por la calidad de la educación". El pacto dirigido "a todos los centros sostenidos con fondos públicos", homologa la enseñanza privada a la pública en aras de "la libertad de elección". Para ello, el documento plantea utilizar "todos los centros" para aproximarlos a la población, equiparar el salario del profesorado contratado y trasladar la normativa de la pública a la privada.

El objetivo del modelo del Gobierno valenciano consiste en "aproximar el servicio educativo al lugar de residencia del ciudadano, manteniendo una amplia red del servicio en todo el territorio", es decir, aprovechando los recursos públicos, concertados y privados; "abaratar el coste para el alumno"; y "facilitar la elección del servicio educativo, independientemente de la titularidad". El espíritu del Pacto para la mejora de la calidad del sistema educativo en la Comunidad Valenciana, según el documento presentado por Tarancón al Consell Escolar Valencià ayer mismo, está basado en "la libertad de enseñanza, de elección de centro y de creación de centros docentes", así como en "la participación de los profesores, padres y alumnos, en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos [públicos y privados-concertados]".El coste, cifrado en un billón 700 mil millones, es el resultado de aplicar durante cinco años (periodo fijado para el pacto) el presupuesto anual para Educación, que ronda los 280.000 millones, más el incremento acumulado del IPC en este periodo. Se contempla también el sistema mixto de cofinanciación con ayuntamientos en capítulos como enseñanza Infantil, Educación de Adultos y gabinetes psicopedagógicos.

Los grandes ejes de actuación, coinciden con las exigencias de la LOGSE, y consisten en "extender la educación de 0 a 6 años", "garantizar la escolarización del alumnado mayor de 16 años en Secundaria y FP" e "impulsar la nueva FP, integrándola con las políticas de empleo". El objetivo de "garantizar la igualdad de oportunidades", en palabras de Tarancón, se hará "constituyendo la red de centros sostenidos con fondos públicos con centros públicos y concertados". Para la implantación de la enseñanza Infantil (0-3 años), se prevé sustituir las actuales guarderías y jardines de infancia por el nuevo nivel de Infantil, en el plazo previsto por la LOGSE, con lo cual "el modelo que se iniciará en los centros públicos, con pequeñas modificación, podrá ser trasladado a la enseñanza privada". La consejería incluye un capítulo que describe "tres líneas de ayuda" para "centros privados autorizados y concertados", así como convenios con "entidades privadas".

En el capítulo de personal, a parte del acuerdo retributivo de los funcionarios firmado con los cinco sindicatos de la enseñanza en diciembre, y de los acuerdos de plantillas de Primaria y Secundaria que están implantándose, el reto consiste en "homologar la analogía retributiva del profesorado de centros privado-concertados al de centros públicos". Y, además, "emprender la negociación con las organizaciones empresariales y sindicales de la concertada sobre los modelos de plantilla para la ESO y FP".

Educación Especial contará con becas y convenios de cooperación para los centros concertados, a fin de financiar el transporte y el comedor. Y la FP se integrará "a las nuevas exigencias empresariales, mediante la adecuación de los contenidos formativos a las demandas del sistema productivo". Así, FP y las Enseñanzas de Régimen Especial (música, artes y oficios) y los Programas de Garantía Social, que son las tres áreas estrella del pacto, contemplan para su pleno desarrollo tanto "entidades públicas" como "entidades sin ánimo de lucro".

La referencia al espinoso tema de las construcciones escolares públicas, se resume en dos líneas: "Realización de las infraestructuras educativas previstas en el mapa escolar". Tarancón precisó que no tienen sentido las manifestaciones convocadas, ya que "las construcciones están programadas hasta el 2003".

Los sindicatos STEPV, CC OO y UGT calificaron la presentación de "electoralista". CC OO pidió a Eduardo Zaplana "un pacto similar al suscrito por el PP en Madrid, que hace explícito la congelación de subvenciones y el apoyo a la enseñanza pública". El STEPV afirmó que es "un brindis al sol", que mantiene la red pública en la provisionalidad y consolida la privatización y UGT recordó el déficit cuantitativo a paliar en todos los tramos, antes de hablar de calidad.