Modrego al desnudo
Descifrar los presupuestos de la Generalitat es un ejercicio decididamente monótono, adentrarse en los de Medio Ambiente es, además, desolador. El abismo entre el discurso medioambiental del PP y su praxis cotidiana lo establecen las cifras: nada revela tanto las verdaderas intenciones como el dinero que se dedica a las mismas.Es ya un lugar común, manifestado reiteradamente por técnicos, organizaciones ecologistas, asociaciones agrarias, indicar que el dinero destinado a la gestión de los actuales trece espacios protegidos es ridículo, insuficiente para la gestión ordinaria, para desarrollar los distintos programas de conservación, para la adquisición de nuevos terrenos, para el fomento del desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Si esto es así cuando el espacio protegido apenas roza el 2% de la superficie de la Comunidad Valenciana, ¿es razonable marcarse como objetivo alcanzar el 18% con un aumento presupuestario inferior a los cien millones?
Informes de toda índole, también los encargados por la propia Generalitat, han establecido el siguiente axioma: la falta de infraestructuras de tratamiento de los residuos urbanos e industriales representa una de las más clamorosas carencias medioambientales de la Comunidad Valenciana, lo que significa un grave perjuicio para la salud de las personas y el medio ambiente. Argumentar a estas alturas que se paraliza la inversión en plantas de tratamiento a la espera de aprobar una ley de residuos no es una razón, es simplemente una excusa, es aplicar despiadadamente el vetusto aforismo burocrático: si no tienes dinero, legisla.
Los nitratos son un fantasma con el que aún tropezamos después de más de una década repleta de planes de mejora de los abastecimientos, con promesas de inversiones millonarias que siguen demorándose mientras cincuenta municipios y 370.000 valencianos siguen sin agua potable. Es cierto que la COPUT destina ahora inversiones para atender el problema en La Plana, pero también lo es que las obras largamente esperadas del Camp de Morvedre, las Riberas y La Safor no parece que vayan a abordarse tampoco el próximo año. Como tampoco existe voluntad de acometer la aplicación de la directiva que obliga a racionalizar las prácticas agrícolas causantes de la mayor parte de la contaminación por nitratos de los acuíferos.
Gran parte de las iniciativas medioambientales en Europa pasan hoy por los municipios. La aplicación de las Agendas Locales 21 nacidas de la Cumbre de Río ha suscitado el interés de gran número de ciudades, que desde la aprobación de la Carta de Aalborg en 1994 están abordando con decisión los problemas de tráfico, la energía, la contaminación, el urbanismo. Desgraciadamente este movimiento de ciudades sostenibles todavía es incipiente entre nosotros, y los tímidos avances que se producen vienen de la mano de algunos ayuntamientos especialmente sensibles, nunca de la Consejería de Medio Ambiente, que dedica una cantidad innombrable (por irrisoria) de estos menesteres.
La actual estructura administrativa de la Generalitat para la protección del medio ambiente está periclitada. Urge salir del atasco. El departamento sobre el que recae el mayor peso de estas políticas, la Consejería de Medio Ambiente, precisa ampliar sus competencias directas a las áreas de energía (energías renovables, ahorro energético), saneamiento de las aguas residuales e infraestructuras de abastecimiento. Conviene que oriente su actividad hacia una mayor colaboración con los municipios para respaldar las iniciativas de sostenibilidad en el ámbito local, y, del mismo modo que Hacienda da coherencia a las políticas presupuestarias de todos los departamentos (una funesta coherencia en este caso), la Consejería de Medio Ambiente ha de garantizar la coherencia medioambiental de las políticas agrarias, de transportes, energéticas. Y todo esto sin caer en la tentación, al parecer ya anunciada, de avanzar en la poda de las leyes más abiertamente proteccionistas.
Pese a todo, el consejero Modrego parece entretenido en abrir falsas polémicas (público/privado) que enmascaren la ineficacia del PP en la gestión de los residuos, en presentar como novedades exigencias legales reiteradamente incumplidas (catálogo de zonas húmedas, plan de ordenación forestal) o en justificar con vacuos discursos la falta de dinero y de competencias. Malos presagios para el medio ambiente en la nueva legislatura.
Vicent Yusà es coordinador del área de Medio Ambiente del PSPV-PSOE. También firman este artículo Empar Navarro, vicepresidenta de la gestora del PSPV-PSOE, y Joan Francesc Peris, portavoz en Cortes de PSPV-Progresistas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Opinión
- Consejerías autonómicas
- Presupuestos autonómicos
- Grupos parlamentarios
- V Legislatura Comunidad Valenciana
- Parlamentos autonómicos
- Generalitat Valenciana
- Comunidades autónomas
- Financiación autonómica
- Gobierno autonómico
- Política autonómica
- Administración autonómica
- Comunidad Valenciana
- Parlamento
- Finanzas públicas
- España
- Administración pública
- Política
- Finanzas
- Sociedad
- Medio ambiente