Ramón-Llin anuncia una ley contra el minifundismo agrario para antes de fin de año
La consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin, anunció ayer que su departamento está elaborando una ley para luchar contra el minifundismo agrario, y que podría aprobarse antes de final de este año. Esta es la primera iniciativa que pone en marcha Ramón-Llin en sus cuatro años como consejera contra uno de los principales problemas del campo valenciano, y que sólo José María Coll, en su época de consejero, abordó con medidas en algún caso similares a las propuestas ahora. Ramón-Llin anunció también acciones para evitar en el futuro una mala campaña citrícola.
Con el anuncio de una ley contra el minifundismo Ramón-Llin atiende finalmente una reclamación histórica de parte del sector agrario valenciano que ha venido exigiendo una actuación decisiva de la Administración en este problema, que supone un incremento en los gastos de producción debido a la excesiva parcelación. La consejera hizo un esbozo de las líneas fundamentales de la ley, que incluiría una serie de incentivos fiscales y créditos sin interés que se destinarían a subvencionar la compra de parcelas colindantes para ampliar las superficies de cultivo, así como para la constitución de sociedades que agrupen parcela para el cultivo en común, así como para los agricultores que realicen un cultivo en común a través de cooperativas u organizaciones de productores.La ley también recogería una preferencia en las ayudas y un incremento en el porcentaje de las subvenciones para las parcelas que, mediante los procedimientos anteriores hayan alcanzado un tamaño suficiente, que en un principio se estima en unas 20 hectáreas. Las ayudas a las que optarían los productores que consigan estas parcelas deberían destinarse a la replantación y reconversión varietal, a la mejora de las infraestructuras de la explotación, a la instalación de riego localizado y a la adquisición de maquinaria.
Ramón-Llin apuntó que tiene previsto reunirse en breve con la comisión que se creó en su día para estudiar soluciones para el minifundismo y presentarles el borrador de la ley. La intención de la consejera es que el proyecto entre en las Cortes antes del verano y que su discusión en el pleno se produzca tras las vacaciones parlamentarias. "Queremos que se apruebe antes de fin de año para que pueda incluirse una partida en el presupuesto del 2001", señaló la consejera, que no especificó qué cantidad económica podría ir aparejada con la ley.
Ramón-Llin también presentó en el seno de Intercitrus una serie de medidas para evitar que los malos resultados de la actual campaña citrícola se repitan en el futuro. Así, la consejera anunció que se va a portenciar la realización de un censo citrícola tanto de producción como de exportación para contar con datos que permitan controlar mejor la campaña, así como aumentar las inspecciones de calidad de los productos que se exporten. Respecto a los problemas creados con el exceso de producción de la variedad marisol -que llegó al mercado con una calidad muy baja-, Ramón-Llin señaló que se va a excluir esta variedad de las ayudas que da la Administración para la replantación de huertos afectados por la plaga de tristeza. Otra medida es que se exigirá justificante de haber contribuido a la campaña de promoción de cítricos de Intercitrus para acceder a las subvenciones.
Respecto al aumento de semillas en las mandarinas, la conocida como pinyolà, Ramón-Llin anunció que se vigilará el cumplimiento de la normativa sobre la presencia de colmenas en las parcelas -para evitar la polinización-, así como se estudiará la posibilidad de establecer una distancia mínima entre los campos de mandarinas y los huertos de cítricos híbridos -causantes del problema-, variedades estas últimas que no podrán recibir subvención.
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