La Generalitat conocía el contrato del Ivex con Lagier antes de denunciar el agujero

El director financiero del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), Joaquín Barber, reconoció ayer ante el juez que investiga el quebranto económico que padece la empresa pública que la Generalitat, en contra de lo que apunta la querella presentada, que conocía el contrato suscrito por los dos imputados en la causa, José María Tabares y Jean Luc Lagier. Barber, durante otras seis horas de declaración, defendió durante su comparecencia que el ex director del Ivex y el empresario francés actuaron a espaldas del consejo de administración de la empresa del Consell.

Barber, que ya pasó toda la mañana del pasado viernes declarando, insistió en que el contrato suscrito por Tabares y Lagier en enero de 1999 no fue puesto en conocimiento de la sociedad o, al menos, nunca le fue participado por el ex director del Ivex.Según fuentes jurídicas, en esa y otras muchas de sus respuestas el ejecutivo de la sociedad pública no se salió del guión escrito por los abogados del Ivex: Desconocía la existencia de compromiso alguno con Lagier y, mucho menos, que la empresa hubiera avalado la actividad del empresario francés en Túnez, aseguró.

Ahora bien, en un momento del interrogatorio Barber aceptó -siempre según las mencionadas fuentes- que el Consell conoció el contrato días antes de la presentación de la querella. Ésta, por contra, acusa a Tabares y Lagier de un delito societario y asegura, para sostener su acusación, que esos documentos no están en poder de las autoridades valencianas.

Declaración aplazada

Al parecer, el empresario francés hizo entrega del contrato cuando acudió a Valencia, citado por la actual directora del Ivex, Carmen de Miguel, para dar cuenta de unas operaciones de las que la sociedad pública no tenía constancia.

Lagier y Tabares están acusados de haber actuado en connivencia para crear un "quebranto económico" de 1.049 millones de pesetas al Ivex. Según la querella, Tabares decidió avalar al empresario francés para que éste, mediante el impago de varias letras bancarias, se financiera con la cantidad supuestamente defraudada. Los imputados niegan cualquier irregularidad.

Barber, en contra de lo que indica la querella, también aceptó que tenía constancia de los contratos suscritos por su sociedad y Ford. A pesar de ello, insistió, en la línea de los argumentos defendidos por los abogados del Ivex -miembros del prestigioso y exclusivo despacho de Garrigues & Andersen- que las relaciones económico-financieras entabladas por Tabares y Lagier no tuvieron reflejo contable.

Los abogados de los dos imputados en la causa destacaron, al término de su declaración, las incongruencias en las que pudo caer el testigo. "Ha incurrido en algunas contradicciones importantes, sobre todo en relación a la documentación que ya obra en autos", aseguró Juan Ignacio Sáez, letrado de Tabares, en declaraciones a Efe.

Más tarde, ni Sáez ni Lagier hicieron comentario alguno al término de la primera parte de la declaración de José Antonio Manteca, secretario del consejo de administración del Ivex y secretario general de la consejería de Industria, el departamento de la Generalitat del que depende la institución. Manteca, que tampoco atendió a los periodistas, estuvo alrededor de tres horas en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, al que tendrá que volver para completar su comparecencia. En principio, el testigo, por razón de su cargo -es miembro de los consejos de varias empresas públicas- no debería aportar muchos más detalles que los derivados de las reuniones de la dirección de la entidad. Y en éstas, según la querella, nunca se habló del contrato suscrito con Lagier.