Un juez culpa a Justicia de la huida de un traficante de inmigrantes

El titular del Juzgado número 2 de Girona, Amador García, aseguró ayer que los ministerios de Justicia y Exteriores no pueden aducir el menor defecto formal por parte de los tribunales de Girona para justificar que la orden de extradición del traficante de inmigrantes Lakbir Aitsalah llegara tarde a su destino. Aitsalah, condenado a tres años de cárcel por la Audiencia de Girona, quedó en libertad en Italia porque el Gobierno español dejó pasar los 40 días de plazo para reclamar al detenido. Ayer mismo el juzgado dictó una nueva orden de busca y captura internacional. "No estoy dispuesto a que nos carguen este muerto", advirtió García.El magistrado rechazó la explicación de Justicia y Asuntos Exteriores, según la cual la extradición no llegó a tiempo a causa de un error formal que obligó a la Audiencia de Girona a cursar otra nueva petición y aseguró que la orden había sido remitida inmediatamente después de que su juzgado tuvo conocimiento de que el condenado había sido detenido por la policía de Novara (Italia).

García asegura que el juzgado de Girona remitió toda la información cuando todavía quedaban 20 días de plazo, pero el Consejo de Ministros no aprobó la extradición hasta el día 3 de diciembre, diez días antes del límite.

El juez también desmontó las justificaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, según las cuales la traducción del expediente dilató el proceso. El juez mostró una factura para acreditar que la traducción al italiano se realizó en Girona y aseguró que, en todo caso, sólo debía quedar por traducir la orden ministerial, "que no debía exceder de las diez o doce líneas". Funcionarios del Juzgado número 2 intentaron alertar al ministerio en la recta final del plazo de extradición, de la misma manera que lo hizo la Interpol de Roma, pero no consiguieron localizar a ningún responsable.

Joaquim Bech de Careda, el letrado que representa a los familiares de los inmigrantes que perecieron en el accidente organizado por Aitsalah, considera "insultante y vergonzoso" que los ministerios rehuyan sus responsabilidades acusando a un tercero.