El misterioso informe de la calle Ludgate Hill

El Servicio de Fiscalía de la Corona tiene sus oficinas en la City londinense, en el 50 de la calle de Ludgate Hill, junto a Old Bailey, nombre como popularmente se conoce al Tribunal Central Penal de Londres. El juez Baltasar Garzón envió el día 19 por la noche una copia a la fiscalía británica de sus instrucciones para recurrir en revisión judicial la próxima liberación de Augusto Pinochet y trató de enviarla al Ministerio de Asuntos Exteriores, vía Ministerio de Justicia, pero no pudo hacerlo hasta la mañana siguiente, jueves 20 de enero, porque Justicia manifestó que ya no se podía enviar a esas horas.Exteriores recibió, por tanto, la comunicación de Garzón el jueves por la mañana. El juez sostenía: "Para el caso de ser adversa a la petición de extradicón, España está obligada jurídicamente a interesar a la fiscalía británica que se agoten todos los recursos para hacerla realidad. De no hacerse así, resultaría inexplicable que, teniendo la razón legal, ante una decisión cuasi judicial se desista de ella en este momento por razones que no sean las estrictamente jurídicas". El juez dejaba "constancia en la más estricta esfera judicial de que instar la revisión judicial de una decisión cuasi judicial que pone fin abruptamente al procedimiento de extradición es una obligación no sólo legal, sino éticamente irrenunciable". Y añadía: "De esta forma, el tribunal competente, si la Fiscalía de la Corona estima oportuno recurrir, podrá pronunciarse sobre la oportunidad y legalidad de la medida".

El día 20, tras recibir la comunicación, Exteriores, que anunció su rechazo a presentar recurso, solicitó a la Fiscalía de la Corona, a través de la Embajada en Londres, un informe sobre el recurso de revisión judicial. ¿Por qué? La razón, según fuentes solventes, es fácil de entender si se recuerda que en octubre pasado Exteriores había solicitado un informe sobre el procedimiento y la revisión judicial a la Fiscalía, tras haberse comprometido con Chile a no presentar un recurso si Pinochet era liberado por "razones humanitarias".

La fiscalía consultó al abogado Alun Jones, contratado para el caso Pinochet. En aquella ocasión, Jones respondió que si se cumplía todo el trámite y finalmente el asunto de la entrega llegaba a Straw para resolver, un eventual fallo denegando la extradición podía ser recurrido, pero se trataba más de un "recurso académico" que efectivo. La fiscalía envió la conclusión a la Embajada española y ésta a Exteriores.

¿Qué tiene que ver esto con el nuevo informe solicitado? Pues lo siguiente: Asuntos Exteriores consideró que la fiscalía británica le iba a responder lo mismo, esto es, le iba a desaconsejar el recurso. Precisamente, el juez Garzón dejaba, en su carta, el asunto de recurrir en manos de la fiscalía "si lo estima oportuno". Si Asuntos Exteriores lograba que no lo considerase oportuno, el asunto quedaba zanjado. Y bien zanjado.

Pero, el abogado Jones, a la vista de cómo se está por cerrar este caso, con informes médicos secretos, recomendó recurrir. A Exteriores el tiro le salió por la culata. Si Jones hubiera desaconsejado recurrir, el Ministerio hubiese utilizado la autoridad del letrado para desautorizar a Garzón. Como no ha sido así, Jones, según Exteriores, es simplemente uno de los muchos abogados que emitió informe. Quizá haya otros, pero lo relevante es que quien ha llevado el caso, Jones, haya recomendado apelar. Por ello, el informe no se envió al juez ni se utilizó públicamente.