Ecuador, a la deriva

Ecuador ha caído finalmente por el precipicio tanto tiempo bordeado. La última crisis del país andino ha desembocado, tras una semana de protestas populares, en un golpe de Estado sui géneris, en el que una junta tripartita cívico-militar asumió el poder el viernes, destituyó al presidente constitucional, Jamil Mahuad, y colocó en su lugar al vicepresidente, Gustavo Noboa.Mahuad expresó ayer en un mensaje televisado su apoyo a Noboa, un respetado democristiano independiente, si su derrocamiento sirve para mantener vivo el sistema democrático en Ecuador. "Un presidente derrocado no renuncia", dijo, y pidió a sus compatriotas que superen la mezquindad con que se han tratado habitualmente los muy graves problemas del país. El Congreso santificó en Guayaquil, horas después y en reunión extraordinaria, esta peculiar transición en base al argumento técnico del abandono del cargo por Mahuad. A los militares, árbitros de la situación, hay que agradecerles su larga cambiada para pasar sobre la marcha de integrantes de una junta golpista a apoyar una salida más o menos presentable al desafuero. Salida que los representantes de los indígenas que se echaron a las calles y precipitaron los acontecimientos dicen no respetar.

Ecuador, un Estado fallido, llevaba meses al borde del colapso. La agitación social que ha culminado este fin de semana con la ocupación del Congreso por una multitud de indios nativos, con el apoyo de algunas unidades castrenses, no ha dejado de crecer en una nación devastada por una combinación de factores políticos y económicos que han sumido en pobreza insoportable a las dos terceras partes de sus 12 millones de habitantes. El recurso continuado al estado de emergencia -que Noboa ya ha renovado- no ha bastado para contener los efectos de una situacion desesperada, la peor en muchas décadas, caracterizada por sueldos medios de unas 8.000 pesetas.

Mahuad no ha sido precisamente un modelo de decisión para detener el tobogán de un país acostumbrado al vértigo (llegó a tener tres presidentes en una semana de 1997), fracturado políticamente entre su costa pacífica y su región andina y donde el clientelismo y una corrupción enquistada en lo más hondo del aparato del Estado impiden desde hace años las reformas imprescindibles. El dubitativo presidente derrocado, elegido en agosto de 1998 como la gran esperanza de muchos ecuatorianos, no sólo heredó los efectos calamitosos de El Niño y de la crisis económica brasileña, sino una inestabilidad formidable, incubada por sus predecesores: encarcelado uno, Fabián Alarcón; fugitivo otro, Abdalá Bucaram.

Ecuador tampoco ha dado el salto desde las muletas del Estado protector a una economía de mercado. Es un país en bancarrota, que en agosto de 1999 se convirtió en el primero en no honrar su deuda en bonos Brady. La producción ha caído un 7% en el año terminado, el sistema financiero se ha desplomado, el sucre ha perdido un 65% frente al dólar en 1999 y la inflación ha subido por encima del 60%. Su deuda externa, 14.000 millones de dólares, corre pareja con el PIB. En medio de este caos, sufrido más por quienes menos tienen, Mahuad concibió como último resorte la idea de dolarizar la economía. Un movimiento hijo del pánico, posible técnicamente, pero lleno de riesgos.

El ya refrendado presidente Gustavo Noboa, que en teoría ocupará el cargo hasta el año 2003, ha anunciado en su primera declaración al país que mantendrá la medida, pese a que la dolarización acarreará reformas urgentes y profundas que presumiblemente no apoyarán los más débiles: desde desmantelar la exigua protección de los trabajadores hasta el aumento de unos impuestos que casi nadie paga. Ecuador no parece el tipo de economía flexible capaz de aguantar el cambio; tampoco su tejido social es el más receptivo. Ni siquiera con un presidente fuerte, legítimo y con apoyo popular. La cuestión es si, llegados tan abajo, a los gobernantes de Quito les quedan muchas opciones por ensayar.