Últimas puntadas al 'traje de loco' para liberar a Pinochet

ENVIADO ESPECIAL"Jack es un hombre que no cambia su opinión cuando ha llegado a una conclusión. Le conozco bien porque he sido su abogado. Es posible que ahora, a la vista del fiasco de los exámenes médicos secretos, intente presentar su resolución con fundamentos jurídicos y legales, pero no va a variar su posición", dice uno de los abogados familiarizados con el caso Pinochet en el Reino Unido. A estas horas, Jack Straw, el ministro del Interior del Gobierno de Tony Blair, estudia en su chalé adosado de Kennington, un barrio del sur de Londres, el proyecto de lo que va a ser su decisión de interrumpir el procedimiento de extradición del general Augusto Pinochet, un fallo que, al parecer, podría ser anunciado el próximo miércoles, día 26 de enero, 15 meses y 10 días después del arresto del ex dictador en una clínica londinense.

Straw ya tiene perfiladas, según ha trascendido, las líneas del proyecto de resolución. Pero ya sobre el filo del fin de semana, el ministro del Interior, asesorado por una figura prominente de la abogacía británica, el abogado Jonathan Sumption, ha movido pieza tras estudiar las alegaciones presentadas el martes 18 por el juez Garzón, Amnistía Internacional y varios grupos de derechos humanos, y la defensa de Pinochet. Straw es abogado, y aunque no ha ejercido prácticamente su profesión, sabe cómo quiere cerrar el caso.

Todas las partes involucradas en el procedimiento de extradición de Pinochet esperaban una decisión formal para la semana que acaba de terminar. El martes 18, el Ministerio del Interior prometió, según una carta enviada a Geoffrey Bindman, abogado que representa a Amnistía Internacional, varias organizaciones y víctimas británicas, informar el día anterior cuándo sería anunciado -al día siguiente- el fallo. El ministro, empero, declaró que la decisión "no era cuestión de unas horas" y subrayó que se tenía que leer las alegaciones, que, dijo, eran, en algunos casos, muy largas.

El viernes 21, el Ministerio del Interior se dirigió por carta a la defensa de Pinochet, a Amnistía Internacional y al Reino de España. Tras leer las alegaciones, el ministro quería precisar algunas de las cuestiones planteadas con nuevas preguntas. "Por favor respóndame, a la dirección de arriba, a las 5 p.m. (seis de la tarde hora peninsular española) del lunes 24 de enero", escribió Fenella Tayler, funcionaria de Extradición.

La carta fue enviada a todos los participantes. En el caso de España, la misiva fue transmitida por fax a la Embajada española en Londres, desde donde fue enviada a la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid . A las ocho de la tarde, la citada subsecretaría envió la carta al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El juez Baltasar Garzón comenzó a estudiar la respuesta ayer sábado, día 22 de enero.

La idea que, según fuentes jurídicas, desea desarrollar Straw está brevemente esbozada en el comunicado del Ministerio del Interior del 11 de enero. Ese día, el Ministerio del Interior británico expuso que estando Pinochet "incapacitado para someterse a juicio", según "la conclusión unánime e inequívoca de los cuatro médicos que le examinaron", el ministro Straw "tiene pensado, sujeto a las alegaciones que se le hagan, adoptar la posición de que carece de sentido continuar el procedimiento de extradición y de que, por tanto, no debe ser extraditado a España".

La frase que desea ilustrar Straw, con argumentos jurídicos, es precisamente la de que no tendría sentido, por las condiciones físicas y mentales en las que se encuentra, entregar a Pinochet a España. Las preguntas planteadas el pasado viernes apuntan, precisamente, a desarrollar esta idea.

Straw y su equipo jurídico saben que el punto más vulnerable de la decisión es el de mantener en secreto los informes médicos que van a dar lugar a la liberación de Pinochet. Por una parte, el jefe de los cuatro doctores que examinaron al ex dictador el pasado 5 de enero durante seis horas en un hospital de Londres ha aclarado que los médicos "no son una banda que dicta al ministro lo que tiene que decidir".

Hay médicos que, consultados por organizaciones de derechos humanos, han cuestionado por escrito el método con que fueron realizados los exámenes a Pinochet, como es el caso del psiquiatra especializado en tercera edad, Robert Howard, y hay otros, como Michael Wilks, presidente de la Asociación Médica Británica, que espontáneamente ha expresado que el informe médico debe ser puesto en conocimiento de las partes ya que ha sido realizado en calidad de informe forense.

Por todo ello, Straw quiere apoyarse en algunos puntos planteados en las alegaciones para presentar con mayor solidez su posición. En particular, desea argumentar que si Pinochet fuera extraditado a España seguramente sería eximido de comparecer en juicio por su incapacidad mental.

Fueron, paradójicamente, las propias informaciones contenidas en los escritos elevados el pasado martes 18 las que han inspirado al ministro y sus asesores a utilizar una parte de la argumentación a favor de sus propias tesis. En su alegación, por ejemplo, el juez Garzón tenía alguna intuición sobre la dificultad de debatir el tema de la salud, al advertir "la ausencia de conocimiento del informe médico sobre el que se quiere que se informe, lo que hace la situación un tanto absurda".

El juez sostenía que "de acuerdo con las normas que rigen el procedimiento penal español, en ningún caso, por razones médicas u orgánicas, puede el imputado sustraerse a la acción de la justicia. Sólo en el caso de una enajenación mental sobrevenida (artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) se puede paralizar el proceso penal hasta tanto el interesado recobre la salud".

Las palabras "enajenación mental", traducidos en inglés como "demencia", debieron hacer brillar los ojillos de Jonathan Sumption, el asesor jurídico externo de Straw. Porque precisamente el traje de "demencia" senil sobrevenida es el que intenta confeccionar Straw para Pinochet. Por ello, Straw busca ahora las respuestas que le permitan, en su resolución, darse incluso el lujo de apoyarse en los argumentos de aquellos que alegan contra la liberación de Pinochet. Las preguntas son elocuentes. Si se diera el caso, pregunta Straw, de que en España se encontrara al ex dictador "incapaz de comprender el procedimiento al punto de no poder ejercer su correcta defensa, de entender detalles sobre las pruebas y de dar instrucciones", esto es, no apto en este sentido para someterse a juicio, ¿llevaría ello a que se le excusara de comparecer en juicio?. O esta otra: "¿Qué dice usted de una situación en la que el acusado es considerado 'incapaz de comprender el procedimiento al punto de no poder ejercer su correcta defensa, entender detalles sobre las pruebas y dar instrucciones', aun cuando no esté, clínicamente hablando, enajenado mentalmente? Straw, pues, da las últimas puntadas al traje de loco de Augusto Pinochet, un traje que le permitirá salvar el pellejo. Al menos en Europa.