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El País Vasco registró el año pasado una media de 400 accidentes de trabajo cada día laborable

Cuatrocientos accidentes laborales cada día de trabajo. El calendario laboral vasco estuvo marcado en 1999 por la siniestralidad. Ni las campañas de concienciación ni las declaraciones de patronal, sindicatos y administraciones evitaron los 103.524 accidentes laborales de 1999. La siniestralidad fue un 4,28% superior a la de 1998. Del total de accidentes, 120 fueron mortales. UGT-Euskadi hizo ayer públicos estos datos y constató que en lo que va de enero ya han muerto cinco trabajadores. La central culpó al Gobierno de no hacer cumplir las normas de prevención.

El Gabinete de Salud de UGT-Euskadi advirtió de que los datos constatan que en el País Vasco se convive "con unos altísimos índices de siniestralidad" y criticó que el Gobierno, a pesar de tener plenas competencias en la vigilancia y control de las normas de seguridad e higiene, "no utiliza todos los instrumentos a su alcance para sancionar a las empresas que no cumplen la ley". El territorio con mayor siniestralidad laboral fue Vizcaya, con 54.060 accidentes y un aumento del 5,23% respecto a 1998. Le sigue Guipúzcoa con 32.224 accidentes y una subida de un 2,29%. Por último, hubo 17.240 en Álava con una subida del 3,84%. (Ver gráfico).Para UGT, la patronal "debe reflexionar y actuar en la prevención de los accidentes, fundamentalmente en los sectores de Construcción y Servicios, en los que han aumentado un 11,06% y un 6,76% con respecto al año anterior". La central apunta como factor responsable fundamentalmente del incremento de la siniestralidad al "uso y abuso indiscriminado que se sigue realizando en la contratación en términos precarios y de condiciones laborales a la baja, así como a la rotación y subcontratación, que sigue en aumento, porque ofrece a las empresas cuantiosos beneficios económicos".

Javier Bermejo, responsable de Salud Laboral de UGT-Euskadi, advirtió de que en la medida en que los empresarios sigan primando los aspectos económicos por encima de la salud y la vida de los trabajadores no se encontrará solución alguna a los accidentes de trabajo. Bermejo, quien en un comunicado se refirió a la siniestralidad como una "lacra social", añadió que los empresarios "deben asumir de una vez por todas que invertir en seguridad es rentable social y económicamente". "Se están perdiendo en los centros de trabajo muchas vidas humanas, aparte del costo que se deriva hacia la sociedad sanitaria y en el pago de pensiones", concluyó.

Estos datos se enmarcan en la elevada siniestralidad laboral del conjunto de España en 1999. De los seis muertos en accidente de trabajo en día laboral en el conjunto del Estado, 0,5 fueron en Euskadi. De los 1.500 muertos en España, 120 se registraron en la comunidad. El más de millón y medio de accidentes en toda España es para UGT el peor de los indicadores de la gestión del Gobierno central y convierte su legislatura en la de la siniestralidad.

A la cabeza en la UE

España encabeza, desde hace mucho tiempo, las tasas de siniestralidad laboral en la Unión Europea. A pesar de que la Ley de Prevención Laboral es un buen instrumento, no se ha mostrado una voluntad clara para resolver el problema, según las centrales. UGT señala que, en comparación con 1998, la construcción es el sector en el que más están aumentando los accidentes laborales, un 25%, seguido por el de los servicios, con un 16%, debido a la precariedad de las condiciones laborales como la rotación y la subcontratación. También destaca que el 60% de los accidentes los padecen los trabajadores que desarrollan su actividad con un contrato temporal.

Respecto al incumplimiento de la normativa por parte de los empresarios, UGT se ciñe a un estudio hecho por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo en el ámbito de la pequeña empresa y en el que se indica que sólo el 11% de los empresarios conoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, frente a un 60% que no la conoce.

Dicho estudio revela además que sólo el 9% de las empresas ha puesto en marcha el Plan de Prevención, que el 59% desconoce la obligación de aplicar este Plan y que el 83% ni tan siquiera ha realizado la evaluación inicial de riesgos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de enero de 2000

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