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Editorial:

Una solución plausible

La caótica situación de los aeropuertos españoles se ha convertido en un problema muy grave para la economía y una mancha en el prestigio de los servicios públicos de nuestro país. Cabe al ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, el dudoso honor de ser el responsable político en cuyo mandato se ha deteriorado la gestión aeroportuaria hasta calidades tercermundistas. El último estudio elaborado por Eurocontrol da una medida objetiva de ese deterioro: España es el país que registra más retrasos medios por vuelo y el aeropuerto de Barajas figura en todas las conexiones directas con más índice de demora. En los últimos tres años, este desbarajuste organizativo ha jugado con la paciencia de los viajeros y atormentado a las líneas aéreas que utilizan el espacio aéreo español.Con una gestión tan catastrófica a las espaldas no es de extrañar que el propósito de privatizar la gestión de los aeropuertos, avanzado por los estudios encargados por el Ministerio de Fomento y avalado por las declaraciones preelectorales de José María Aznar, pueda ser acogido como una solución razonable. La privatización sería parcial, puesto que el suelo de los aeropuertos españoles es legalmente de propiedad pública. Una de las hipótesis que se manejan, la de separar la actividad de gestión aeroportuaria de la de navegación aérea y entregar a la iniciativa privada, mediante concurso público, la explotación de la primera, parece un modelo plausible. En todo caso, mejoraría sin duda los pésimos resultados cosechados por la administración de Arias-Salgado e introduciría algunas dosis de competencia entre los servicios aeroportuarios.

Sin embargo, para que funcione la gestión privada es necesario que el Gobierno defina o aclare previamente cuál será el marco administrativo en el que deberá desarrollarse esa gestión. No es lo mismo que la capacidad de decisión se atribuya a las autoridades nacionales, a las autonómicas o a las locales, por poner un ejemplo. Y, además, el procedimiento de privatización debería garantizar que la gestión privada mantiene niveles aceptables de calidad en todos los aeropuertos, y no sólo en los de primera categoría. El aval a la privatización de la gestión de los aeropuertos concedido por Aznar durante su comparecencia televisiva del miércoles es, más que una iniciativa política, el reconocimiento resignado de un fracaso. Que, por cierto, incumbe también al jefe del Ejecutivo. Fue el propio Aznar quien enfatizó que había "dado instrucciones" al ministro correspondiente para que resolviera el problema de Barajas. Es una lástima que el nivel de competencia de Arias-Salgado y del organismo público AENA, dirigido por él, no hayan estado a la altura de la suficiencia del presidente del Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de enero de 2000