Los abogados de las víctimas cifran en 250 millones la indemnización para cerrar el "caso Bazar España"

Mientras el proceso penal sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, las partes se envían mensajes en clave económica para intentar cerrar el caso del derrumbe del muro del antiguo Bazar España, que mató a cinco personas el 31 de diciembre de 1998. El abogado del arquitecto que diseñó el derribo se mostró el pasado miércoles abierto a un trato y uno de los abogados de las víctimas le puso ayer nombre: 50 millones de pesetas por fallecido. El Ayuntamiento, Inmobiliaria Osuna y el arquitecto Luis Recuenco se repartirían el coste de la indemnización.

El abogado de una de las acusaciones Enrique Pérez Perera aprovechó un breve receso de la comparecencia ante el juez del jefe del Departamento de Licencias y Disciplina de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, Juan García Gil, para mostrar sus cartas. El letrado aseguró que las negociaciones para cerrar el caso por la vía penal vienen ya de largo y destacó que en un principio se habló de una indemnización de 100 millones por víctima, posteriormente se bajó a 75 millones y ayer Pérez Perera dijo que 50 millones por fallecido sería una cantidad razonable.También en un receso de la comparecencia del pasado miércoles de Luis Recuenco, el arquitecto que firmó el proyecto de derribo del antiguo Bazar España, su abogado aseguró que no aceptarían la responsabilidad penal, pero sí que estaban abiertos a un acuerdo económico para cerrar el caso.

Desde hace meses, el Ayuntamiento de Sevilla, Recuenco e Inmobiliaria Osuna han intentado encontrar la fórmula para sacar el caso de la vía penal y cerrarlo con una indemnización.

Según personas cercanas a la negociación, el dinero de las arcas municipales saldría del decreto anunciado por el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín e inspirado en la rotura de un depósito de agua en Melilla en 1997. Tanto Inmobiliaria Osu-na como Recuenco tirarían de sus seguros de Responsabilidad Civil para pagar lo que les correspondiese. El pacto para pagar a las víctimas (y a los abogados, cuya minuta depende de la indemnización obtenida) estaba casi cerrado hasta que en noviembre pasado llegó al juzgado el informe pericial de parte elaborado por el ingeniero José Orad.

Desde entonces, la crisis entre los socios en el gobierno municipal de Sevilla por el decreto (en la que el Partido Andalucista ha visto una asunción oficial de responsabilidades que les salpicaría, ya que su partido gestionaba el urbanismo sevillano en un gobierno de coalición con el PP cuando sucedió el derrumbe) y las dudas sobre la cantidad a pagar han marcado las negociaciones.

Aún en la vía penal, ayer terminó su declaración como imputado Recuenco y entró en el despacho del juez José Herrera el técnico de la Gerencia de Urbanismo Juan García Gil. El jefe del Departamento de Licencias y Disciplina subrayó durante tres horas ante juez, fiscal y varios abogados que la Gerencia de Urbanismo no era competente a la hora de vigilar la seguridad de las obras. El abogado de García Gil, Manuel Salinero, subrayó que su cliente daba el visto bueno a cerca de 6.000 licencias cada año y que no podía ir vigilando todas las obras de la ciudad y añadió: "Para eso están los profesionales de este país".

El abogado de García Gil argumentó que una vez que el proyecto viene avalado por el sello del Colegio de Arquitectos y una dirección facultativa (arquitecto y aparejadores del proyecto) la Gerencia concede la licencia. A pesar de haber puesto la responsabilidad en los hombros de los técnicos del proyecto por parte de una empresa privada, García Gil añadió que la decisión última para aprobar un proyecto depende de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y citó a los arquitectos de dicha dependencia Juan Maduit Muñoz y Francisco López Larrañaga como responsables máximos de la licencia otorgada a la obra de demolición.

La licencia de derrumbe total del inmueble y de la construcción nueva se presentaron el mismo día. El muro de fachada dejado como cerramiento (a petición de Osuna) fue una medida coyuntural, según las acusaciones, de una semana de duración mientras Patrimonio averiguaba si había restos arqueológicos en el solar. Sin embargo, el muro provisional se mantuvo durante ocho meses, hasta que se cayó y mató a cinco personas.