Los médicos públicos británicos inflan sus listas con dos millones de pacientes inexistentes

La maltrecha sanidad pública británica recibió ayer un nuevo y duro golpe. Un informe de la Cámara de los Comunes reveló que en el Reino Unido hay 15.000 casos de negligencia médica en espera de juicio, cuyas indemnizaciones previstas pueden costarle al Estado 728.000 millones de pesetas. Esta cifra viene acompañada de otra no menos impactante: dos millones de pacientes "inexistentes" fueron registrados en las consultas de los médicos de cabecera de los ambulatorios en el periodo 97-98. Mientras tanto, los ministros de Educación, Interior y Transporte han pedido explicaciones a Tony Blair sobre el origen de los 3,1 billones que ha prometido para atajar la grave crisis sanitaria.

Formado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el Comité de Cuentas de los Comunes que ha realizado el estudio advirtió ayer al Gobierno de que "los errores médicos, el coste de los nuevos fármacos y el fraude mismo padecido por la sanidad pública" van a someter a ésta a tremendas presiones económicas muy difíciles de soportar.De los datos recopilados por los expertos se deduce que 15.000 casos de negligencia médica aguardan a ser resueltos en los archivos hospitalarios británicos. Indemnizar a las víctimas, muchas de las cuales rechazarán un arreglo fuera de los tribunales, puede suponerle al erario un desembolso de unos 728.000 millones de pesetas. A todo ello hay que unir los costes del fraude debido a los cerca de dos millones de pacientes fantasmas. Hay que tener en cuenta que el número de pacientes atendidos y la población del área correspondiente es uno de los elementos sustanciales que forman parte del baremo para adjudicar dinero público a los centros sanitarios.

El desvío de los gastos de las recetas a bolsillos de particulares o la mala gestión administrativa aparece, por otro lado, entre las causas que explicarían un agujero financiero que puede superar los 150 millones de libras (39.000 millones de pesetas). Los nuevos medicamentos, en especial los más específicos destinados a combatir males como el cáncer o la esclerosis múltiple, son también muy caros. Ante la evidencia de que muchas fundaciones sanitarias públicas no pueden sufragarlos, el estudio apunta que las "estrecheces presupuestarias por este motivo serán continuas".

Agrio debate

Aunque el informe fue presentado ayer, sus conclusiones habían llegado ya a la imprenta para cuando el Gobierno laborista aclaró el pasado lunes a todos los hospitales públicos el supuesto misterio del súbito aumento de sueldo otorgado a médicos y enfermeras. Será sufragado por los centros médicos mismos a través de sus presupuestos internos, señalaron ayer fuentes oficiales.

A la Asociación Médica Británica le preocupa, sin embargo, el destino concreto de los 3,1 billones de pesetas adicionales que llegarán hasta el año 2006 a los fondos sanitarios. Su junta directiva le ha pedido al líder laborista que especifique las partidas presupuestarias que serán adjudicadas a las distintas áreas, en especial la relativa a la falta de camas, para lograr la deseada inversión del 8% del producto nacional bruto (PNB) en el campo de la salud nacional.

Por su parte, tres de los ministerios punteros del Ejecutivo laborista -Educación, Interior y Transporte- temen que sus colegas de Sanidad se lleven la mayor parte del dinero extra que todos esperan recibir una vez aprobada la revisión de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para julio próximo.

Blair contaba con el visto bueno de su brazo derecho, Gordon Brown, titular de Finanzas, cuando mencionó en televisión los ya famosos 3,1 billones. Para el primer ministro, se trataba de tranquilizar a la ciudadanía en el momento más bajo de una crisis sanitaria constante agudizada por la gripe. Brown considera el desembolso como un gesto "extraordinario" que mejor sería no tener que repetir. Por eso preferiría que su irritado trío de colegas ministeriales evitara pedirle más dinero, algo que ya han empezado a hacer, para cubrir sus "igualmente excepcionales" necesidades.

En la Cámara de los Comunes, toda esta filigrana financiera acabó ayer oscurecida por el agrio debate protagonizado por Tony Blair y William Hague, jefe de la oposición conservadora. El rechazo del primer ministro laborista a la privatización de la sanidad -o a apoyarse siquiera parcialmente en el sector privado- llevó a su oponente a hacer gala de una ductilidad insospechada.

"Deje a un lado el dogmatismo y salve la crisis que agobia a la sanidad pública pactando con las mutuas y hospitales privados", le dijo Hague al primer ministro. Heredero de una tradición iniciada en 1948 por el entonces ministro laborista de Sanidad, Aneurin Bevan, fundador del Servicio Nacional de Salud, Blair calificó molesto de "ridículas" las propuestas de su oponente.