Aznar acerca posiciones con el primer ministro belga sobre inmigración

El presidente del Gobierno, José María Aznar, se reunió ayer con el primer ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt, para acercar posiciones con vistas a la próxima cumbre europea de Lisboa. Una vez superado el principal escollo en las relaciones bilaterales, el asilo de terroristas de ETA, ambos mandatarios se centraron especialmente en las cuestiones referentes a la integración social de los inmigrantes e instan a la aplicación de las políticas acordadas en la anterior cumbre de Tampere (Finlandia).

Pese a que Aznar y Verhofstadt coincidieron en que "en la situación actual, sólo gracias a la política común de inmigración y asilo se puede hacer una gestión seria de un problema que existe en toda Europa", en palabras del primer ministro belga, ambos se mostraron partidarios de no elaborar normas fijas. "Lo mejor es incitar a los distintos países a hacer reformas, y evaluar las distintas políticas; es más sabio que buscar normas comunitarias", afirmó Verhofstadt. Aznar explicó que la UE debe actualizar los derechos de los inmigrantes y combatir activamente a las organizaciones mafiosas dedicadas al tráfico ilegal de personas para evitar promover los flujos actuales que, en el caso de Bélgica, arrojan unas cifras que calificó de "espectaculares". Añadió que la recientemente aprobada Ley de Extranjería no debe reformarse en los cupos de inmigrantes, sino en el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes irregulares, en el respeto y el desarrollo de las políticas comunes acordadas en Tampere, en el control de flujos externos y en el combate de las organizaciones criminales. "Ningún gobierno puede dejar de controlar razonablemente esos procesos", dijo Aznar. Verhofstadt destacó los efectos positivos en el número de peticiones de asilo desde que se han establecido controles con sus vecinos de Holanda y Luxemburgo.

Agenda europea

La agenda europea dominó la entrevista de ambos presidentes y concretamente las negociaciones previas a la próxima Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe decidir el alcance de las reformas institucionales de la UE para acomodarla a la ampliación. Bélgica y España mantienen sobre este punto criterios diferentes.

Para Bruselas es necesaria una conferencia con una agenda amplia que resuelva, de una vez por todas, los temas institucionales de la Unión Europea, mientras que Madrid apoya una agenda corta que se limite a despejar los temas que quedaron pendientes al negociar el Tratado de Amsterdam: el número de votos de cada Estado en los Consejos Europeos, el número de comisarios de cada país en la Comisión y en qué casos y cómo se renuncia a la unanimidad y se admiten decisiones por mayoría cualificada.

Aznar negó a preguntas de los periodistas que represente al sector euroescéptico, recordó que España ha estado desde el comienzo en la moneda única y el grupo de países que mantienen fronteras comunes (acuerdo de Schengen), las dos políticas más avanzadas en el seno de la UE, y que su política difiera de la del Partido Popular Europeo (PPE) que defiende el nacimiento de una Europa Federal.

Afirmó que los días 5 y 6 de febrero recibirá en Madrid a los líderes del PPE en una conferencia en la que "expondrá el horizonte europeo para el periodo 2000-2010".

En el plano bilateral, el presidente del Gobierno español anunció que ha llegado a un acuerdo con su homólogo belga para intercambiar apoyos en sus candidaturas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. España espera volver al Consejo en el periodo 2003-2004, y Bélgica aspira entrar en los años 2007-2008.