La fusión de las cajas de Navarra sigue pendiente del visto bueno de Economía El ministerio no ha tramitado todavía los informes para aprobar los nuevos estatutos

La nueva caja de ahorros unificada de Navarra tiene ya definido su logotipo, los horarios de oficina se han equiparado y los clientes de Caja Pamplona y Caja Navarra pueden usar indistintamente desde el pasado 3 de enero los 353 cajeros automáticos de ambas entidades para sacar dinero y realizar otras operaciones, pero la fusión sigue estancada en el plano jurídico ante el retraso que la tramitación está padeciendo en el Ministerio de Economía, encargado de aprobar los nuevos estatutos.

El Ejecutivo foral guarda absoluto silencio sobre el proceso, aunque transmite la idea de que se trata de un mero retraso burocrático desligado de cualquier otra circunstancia. Sin embargo, los trabajadores de ambas entidades (1.350 personas) y algunas fuerzas políticas han comenzado a mostrar cierta preocupación. El origen del aplazamiento estriba en que las cajas navarras siguen siendo las únicas de toda España que no democratizaron sus órganos de dirección ni adaptaron sus estatutos a lo establecido en Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) de agosto de 1985, una norma que los concretó en una asamblea general, un consejo de administración y una comisión de control.

Para eludir esas exigencias y evitar la entrada de los agentes sociales y económicos en la dirección de estas entidades, el Gobierno navarro diseñó un proceso de absorción de Caja Pamplona por Caja Navarra, una fórmula que permitirá a la nueva entidad mantener el carácter pactado de los estatutos, ya que en estos momentos la Caja de Ahorros de Navarra es la única de las dos entidades que cuenta con esa singularidad. Ello permite al Gobierno de UPN seguir teniendo un control absoluto sobre los nuevos órganos de dirección. Éstos incorporan sólo el espíritu de la LORCA, aunque con sustanciales diferencias en cuanto al nombramiento de sus miembros, que recae siempre y en última instancia, en el propio Ejecutivo foral.

Aunque la fecha del pasado 1 de enero fue la elegida para la entrada en vigor de esa absorción, la misma no se ha producido aún porque el Ministerio de Economía todavía no la ha aprobado. Se cuenta ya con el informe favorable de la Dirección general del Tesoro, pero falta el informe del abogado del Estado, que debe emitirse antes de que el secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, firme la resolución autorizando el cambio de los estatutos y, consecuentemente, el nacimiento real de la nueva Caja Navarra.

El protocolo de fusión firmado por Caja Navarra y Caja Pamplona establece que, mientras el nuevo consejo no decida otra cosa, la dirección en funciones de la entidad naciente corresponderá al actual director de Caja Navarra, Lorenzo Riezu, y la dirección adjunta, al actual director de Caja Pamplona, Manuel López Merino. La presidencia y la vicepresidencia del nuevo consejo de administración de Caja Navarra recaerán, respectivamente, en Miguel Sanz y la alcaldesa de Pamplona Yolanda Barcina, ambos de UPN.

Recursos de LAB

El Gobierno foral estima que la fusión de ambas entidades está "perfectamente ajustada a la ley", en palabras de Miguel Sanz, y que, por lo tanto, la batería de recursos interpuesta por el sindicato LAB contra el modo en que ésta se ha producido, no surtirá ningún efecto. LAB presentó el pasado 4 de enero un último recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra el acuerdo del Gobierno foral de 22 de diciembre que autorizó la fusión. El sindicato planteó la suspensión de la ejecutividad del acuerdo asegurando que la junta de gobierno de Caja Pamplona ha carecido de legitimidad jurídica para aprobar la fusión, puesto que ese órgano y los estatutos que rigen la entidad debían haberse renovado hace doce años.

El citado recurso se suma a otros tres anteriores presentados por el sindicato. LAB ha recurrido el procedimiento de fusión ante el Registro Mercantil, ha denunciado la fusión ante la Inspección de Trabajo de Navarra y ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Economía.