Un sindicato médico apoya la intervención de L" Aliança

El sindicato Asociación de Médicos y Enfermeras de Cataluña y la Asociación Profesional de Médicos y Titulados Superiores de la Quinta de Salut L"Aliança mostraron ayer su "total apoyo" a una posible intervención de la Generalitat de esta mutualidad, la más importante de Cataluña, con más de 200.000 socios. Este sindicato, mayoritario en el Hospital del Sagrat Cor -el más importante de la mutualidad- considera que la hipotética intervención de la entidad por parte de la Administración autonómica favorecería la viabilidad de todos los hospitales de la entidad y salvaguardaría tanto su patrimonio como el de los asociados.El posicionamiento público de este sindicato se produce después de que el consejero de Sanidat, Eduard Rius, anunciase el jueves que se estaba estudiando intervenir L"Aliança tras las irregularidades denunciadas por José Félix Alonso-Cuevillas, ex letrado asesor de la entidad, y Josep Geli, ex presidente del Consejo de Administración.

Ayer, sin embargo, el consejero de Economía, Finanzas y Planificación, Artur Mas, se desmarcó de Rius y calificó de "absolutamente prematuro" plantear que la Generalitat intervenga la mutua. Mas afirmó que la única decisión que ha tomado el departamento que preside, que es el competente para adoptar la medida de intervención, es la realización de una inspección ordinaria en la mutualidad tras las denuncias que se han presentado. Se trata, puntualizó, de "una actuación de oficio" porque, en su opinión, "no es el momento de ir más allá".

Conversación con Álvarez

El secretario general de la UGT, José María Álvarez, conversó ayer con Mas para conocer la postura de este departamento. La inspección anunciada por Mas tiene como objeto verificar las irregularidades denunciadas. Con todo, Mas aseguró también que "dentro de unos días, cuando tengamos más información, podremos valorar mejor esta situación".

Los dos dimisionarios y denunciantes, por separado, han transmitido a la Generalitat la posibilidad de que se hayan convocado consejos de administración de forma ilegal y que, por tanto, no tengan ninguna validez los acuerdos que se adoptaron, entre ellos el nombramiento de algunos consejeros de la entidad. También consideran que las sociedades filiales de la mutua han cambiado su objeto social inicial.

En 1997, el Departamento de Trabajo, que era el que entonces tenía estas competencias, intervino L"Aliança e impuso el cumplimiento de una serie de medidas de saneamiento económico y la convocatoria de nuevas elecciones. Los comicios se celebraron y salió un nuevo Consejo de Administración, pero los dos cargos dimisionarios acusan al director general, Ramon Carranza, de haber actuado de espaldas al consejo y de nombrar personas fieles a sus planteamientos.