El Ministerio de Fomento estudia privatizar la gestión de los 42 aeropuertos españoles
El Ministerio de Fomento encargó en julio pasado a la ingeniería pública Ineco y a la consultora Arthur Andersen un estudio sobre un nuevo modelo organizativo del sistema aeroportuario español. Las conclusiones preliminares del informe, que no estará concluido hasta dentro de seis meses, apuntan a la necesidad de separar la gestión de los aeropuertos y la navegación aérea, ahora en manos del organismo estatal AENA. También plantea la conveniencia de seguir la tendencia europea y privatizar la gestión de los 42 aeropuertos españoles ante los nuevos retos del siglo XXI.
El derecho español, así como el de otros países comunitarios del sur de Europa (Francia o Italia), no permite la transferencia de la propiedad del suelo y de las estructuras aeroportuarias al considerlas de dominio público. Por ello, sólo sería posible la privatización de la gestión por un periodo limitado. Las alianzas internacionales entre grandes compañías aéreas, la privatización de la gestión en numerosos aeropuertos (consorcios en los que participan empresas españolas como Ferrovial, Dragados o la propia AENA han ganado los últimos concursos convocados en México) y el incremento de la demanda (del 10% anual en vuelos y pasajeros) hacen aconsejable un cambio en el modelo organizativo del sistema aeroportuario español, según los expertos de Ineco y Arthur Andersen.
La primera conclusión del equipo de abogados, economistas e ingenieros aeronáuticos que participan en el estudio es que España debe dejar de ser el único país de la Unión Europea que aún mantiene en manos de un mismo organismo, AENA, el control de sus aeropuertos y de su espacio aéreo. "Son negocios distintos que necesitan gestiones distintas", señalan.
La propuesta de Ineco y Arthur Andersen consiste en separar los aeropuertos de la navegación aérea y crear, por encima de estos dos apartados del sistema aeroportuario, un ente regulador. Dicho organismo seguiría el modelo de la Agencia de Aviación Americana (FAA). Sería un ente de derecho público, pero independiente de la Administración central del Estado. Se encargaría de aplicar la política aeroportuaria, cuyo diseño correspondería a la Dirección General de Aviación Civil, y supervisaría el funcionamiento de los aeropuertos, por un lado, y la navegación aérea, por otro.
Los aeropuertos, según el esquema dibujado por Ineco y Arthur Andersen, deberían seguir las tendencias de mejora de la eficiencia y posible privatización de la gestión. Este modelo no presupone necesariamente la privatización, aunque el equipo de trabajo la considera como la mejor alternativa. Sobre la navegación aérea, los expertos se inclinan por mantenerla en manos de administradores públicos, aunque haya ejemplos de gestión privada (Reino Unido).
Un concurso público para adjudicar la gestión de los 42 aeropuertos españoles atraería a muchas compañías privadas porque, según recuerdan los expertos, esas instalaciones generan cada año unos beneficios superiores a los 7.000 millones de pesetas. "Si en un futuro se plantean grandes alianzas entre compañías aéreas y también entre aeropuertos, cualquier acuerdo es más fácil si la gestión de las instalaciones es del mismo tipo. Sin embargo, se complicaría mucho una posible alianza si en un aeropuerto manda la Administración pública y en otro una empresa privada". Con las futuras alianzas y la privatización de la gestión se podría conseguir, según los estudios, mayor eficiencia.
El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, anunció el miércoles que si el PP gana las elecciones generales acometerá la privatización de la gestión de los aeropuertos. Los expertos de Ineco y Arthur Andersen añaden: "No sería bueno privatizar la gestión de un aeropuerto supuestamente rentable y dejar en manos públicas otro supuestamente deficitario. Todos los aeropuertos están conectados entre sí y tienen intereses comunes. Por eso, sólo sería aconsejable una privatización de la gestión en toda la red de 42 aeropuertos", cuentan los expertos. "No hay ningún aeropuerto al que se le pueda hacer una auditoría precisa sin contar con sus relaciones con otros", añaden. El estudio no contempla el cierre de ninguno de los aeropuertos españoles. Más bien enfatiza el concepto de red integral aeroportuaria.
La modificación del actual modelo organizativo del sistema aeroportuario español también ha puesto a trabajar al despacho Garrigues-Andersen. Sus abogados estudian estos días las modificaciones jurídicas y administrativas que en su caso fueran necesarias.
