Villalonga aplaza la aprobación de las opciones a una junta prevista para después de las elecciones
No habrá junta extraordinaria para aprobar las opciones sobre acciones. Vale con una junta ordinaria para que las polémicas stock options, que a este paso pueden superar holgadamente los 50.000 millones de pesetas, reciban el visto bueno de los accionistas. Y eso, en la práctica, significa que los sobresueldos no se percibirán el próximo 25 de febrero, como estaba acordado, y se congelan, probablemente, hasta después de las elecciones del 12 de marzo. De esta forma, se evita la campaña electoral, primando el criterio del Gobierno de José María Aznar, que nombró a Villalonga presidente de Telefónica en junio de 1996.
Las opciones sobre acciones quitaron protagonismo a las ofertas sobre las filiales de Telefónica y Villalonga lo sabía. El presidente de la primera empresa española anunció nada más recibir la primera pregunta sobre esta cuestión que "no era el momento de hablar de stock options". Vamos, que no tocaba. Pero tuvo poco éxito: recibió casi una decena de preguntas sobre el asunto. Y los periodistas no consiguieron nada más que Villalonga insistiera que la junta general extraordinaria del próximo día 4 "se dedicará exclusivamente a tratar la operación más importante de la historia de la compañía" (la ampliación de capital de 3,4 billones para absorber las filiales latinoamericanas) y que de las opciones se tratará en una junta ordinaria porque "es el foro adecuado para discutirlo con los accionistas".En roman paladino eso quiere decir, y así lo entendió todo el mundo, que Telefónica trata de zanjar cualquier polémica en medio de una campaña electoral en las que las opciones serán una de las armas que se utilizarán contra el partido que gobierna y cuyo presidente, José María Aznar, le propuso para presidir la empresa. Telefónica suele celebrar la junta, porque así lo instauró Villalonga, la semana anterior a la Semana Santa. Y este año, cae entre el 17 y el 23 de abril. Es decir, el cobro de las retribuciones de los directivos se retrasaría casi dos meses respecto a la fecha acordada con los directivos en 1997 (el 25 de febrero). Portavoces de Telefónica señalaron ayer que lo más probable es que este año se celebre alrededor del 25 de marzo, fecha en la que se convocó en 1999.
La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, en la que el Gobierno reguló las stocks options, obliga a que este tipo de sobresueldos se sometan al refrendo de las juntas generales de accionistas antes de que se hagan efectivas. Villalonga afirmó ayer que su intención es el estricto cumplimiento de la ley, aunque no respondió si el retraso en la ejecución de las opciones ha sido comunicado y acordado ya con sus beneficiarios.
Según los últimos cálculos, basados en las condiciones del llamado Plan RISE para 100 directivos de Telefónica, sus beneficiarios superarían sobradamente los 50.000 millones de pesetas, ya que el valor ha tenido una subida que da vértigo en los últimos meses.
Sin embargo, el retraso puede provocar algún conflicto en la compañía, ya que la dirección se comprometió a pagar las retribuciones acordadas, diferentes según el cargo y la responsabilidad en el grupo, en metálico y en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de ejecución. Fuentes de la compañía aseguran que algunos directivos se sienten incómodos con la polémica y han llegado a plantearse tomar alguna iniciativa para cobrar en la fecha prevista y no seguir envueltos en ella.
Agregó que, con la reordenación, Telefónica Internacional (TISA) dejará de tener sentido, por lo que desaparecerá, y con ella, los planes de opciones para sus directivos. Villalonga añadió que deja la presidencia de TISA, que le daba derecho a su plan de opciones.
Aunque el Gobierno ha tratado de desmarcarse de la polémica de las opciones, asegurando que Telefónica es una compañía totalmente privada, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, volvió a pronunciarse ayer sobre la gestión de la operadora al afirmar que su expansión en América Latina es "extraordinariamente acertada".
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Luis Martínez Noval, rechazó que la mejora en la cotización de Telefónica sea consecuencia de la gestión de Juan Villalonga. Para Noval, los sobresueldos son ilegales porque los estatutos de Telefónica obligan a repartir dividendos, que la compañía eliminó el año pasado, para que puedan percibirse. "Villalonga sólo pretende obtener la cobertura legal" de la junta, añadió. El diputado asturiano, que siguió la rueda de prensa por televisión, considera "extraño" que la señal, que aseguró que fue transmitida por Telefónica, se cortara en varias ocasiones en el momento en que los periodistas le preguntaban por las opciones.
