Condenado un empresario a pagar casi mil millones al Estado por un fraude. El empresario falseó facturas para reducir sus pagos a Hacienda
El titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia, Jesús María Huerta, ha condenado a año y medio de prisión y al pago de 955 millones de pesetas a un empresario de Valencia, Miguel Montoro, considerado culpable de un delito contra la Hacienda Pública en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.El magistrado ha aceptado todos los argumentos defendidos durante el juicio por el fiscal y el abogado del Estado personados en la causa. Éstos intentaron probar que Montoro, de 60 años, incrementó artificialmente los gastos de sus sociedades (Valencia Residencial e Iniciativas Valencia) para reducir sus beneficios, las cantidades a pagar en concepto de IVA y, en definitiva, sus contribuciones al fisco entre 1989 y 1991.
El juez les ha dado la razón, aunque ha rebajado la petición de pena hecha por la Fiscalía: la acusación pública pedía cuatro años de prisión para el promotor de Valencia.
La sentencia contra Montoro, administrador único de Valencia Residencial e Iniciativas Valencia, es el colofón a un juicio que ha durado más de mes y medio -empezó el dos de noviembre y finalizó el nueve de diciembre-, necesitó de más de 10 sesiones y concluyó con los maratonianos informes finales de fiscal, abogado del Estado y defensa, que en todos los casos consumieron varias horas en exponer sus puntos de vista sobre el caso. El letrado del empresario, Javier Boix, pidió la absolución de su cliente.
La enorme duración del juicio responde a su complejidad. Tanto en la investigación del caso, que correspondió en suerte a José Manuel Ortega, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, como durante las vistas de la causa decenas de facturas fueron sometidas a examen. Aquellas que, según las acusaciones, fueron falseadas o manipuladas por Montoro.
El magistrado sólo ha considerado correctas tres de las numerosas facturas consideradas irreales por el fiscal adscrito al caso, Javier Carceller. Estos documentos, que han servido como base de la acusación, hacían referencia a compras, obras o servicios teóricamente prestados por Montoro, cuyas empresas tuvieron un papel preponderante en el desarrollo urbanístico del sureste de Valencia.
Precisamente en relación con esas obras, hechas en las cercanías de un centro comercial y junto al inicio de la autovía de El Saler, se cometieron gran parte de las ilegalidades perseguidas. El juez considera probado, entre otras cosas, que los responsables de Estructuras Valencianas y Estructuras y Contratas JZN le entregaron facturas en blanco a Montoro. Algo similar sucedió con los recibos de Forconsa o Caldererías Tegor, mientras que el empresario se hizo, "por vías no concretadas", con facturas de Dinaval, Varaderos Chas, Plásticos Vam y Comercial Rubén. Ninguna de esas compañías había emitido los documentos.
Entre 1989 y 1991
Así, según expusieron las acusaciones, Montoro utilizó "facturas que reflejaban la compraventa de mercancías o la prestación de servicios que no habían tenido lugar, consiguió una importante rebaja de su deuda fiscal frente a la Hacienda Pública, en el Impuesto de Sociedades y sobre el valor añadido de los ejercicios 1989, 1990 y 1991".
El fiscal cuestionó desde el uso de cemento hecho en varias obras hasta el valor de los componentes metálicos adquiridos, e incluso la realización efectiva de varias obras que, en el balance de gastos de la empresa, si existieron. Tal como señala Huerta en su fallo, "mediante el empleo de esta técnica defraudadora el empresario conseguiría aumentar los gastos del ejercicio y disminuir beneficios y al mismo tiempo la base imponible del impuesto de sociedades dada su íntima conexión con el impuesto sobre el valor añadido".
