Las denuncias por irregularidades urbanísticas en Iruña de Oca se extienden al alcalde, dos concejales y tres técnicos

El Juzgado número 1 de Vitoria ha recibido una nueva denuncia por presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento alavés de Iruña de Oca. Un vecino del municipio ha presentado una demanda contra el alcalde, el nacionalista Manuel Rivas, y también contra una concejal socialista (Alfonsa Troya) y otro del PP (Antonio Moreno) porque, a su juicio, cometieron una ilegalidad al no ausentarse en la votación donde se aprobó la revisión de las normas subsidiarias, a pesar de que ellos o familiares directos suyos eran propietarios de terrenos recalificados. Además, la demanda se extiende a tres técnicos (la secretaria y el arquitecto municipales, y el autor del proyecto de las normas urbanísticas) porque el denunciante cree que debieron llamar la atención sobre lo acontecido y denunciar la incompatibilidad en las votaciones.

Esta acusación se suma a otras dos presentadas hace unos meses por un vecino y por el grupo municipal independiente Veleia Oca, dirigidas ambas contra el concejal José Luis Montejo, del PP, por la misma razón; por votar las normas aunque posee 7.000 metros cuadrados que pasaron de rústicos a urbanizables.

En el caso del alcalde, las normas urbanísticas benefician a un terreno de un tío suyo. El propio Rivas lo reconoció ayer, aunque entiende que esto no le impedía votar. "En su día pedimos un informe jurídico para saber si era compatible. Dice que cuando las normas son de carácter general y no se trata de una modificación puntual, no hay por qué abstenerse", comentó el alcalde. Esta apreciación contrasta con un escrito del secretario municipal, que corroboró la irregularidad de la votación en el caso de Montejo. El edil popular está citado ante el juez para el 28 de este mes. Montejo, precisamente, apoya al gobierno municipal del PNV, que posee cuatro concejales (hay nueve escaños en la corporación), en contra de la posición de su compañero de partido en el Ayuntamiento.

Destrucción de archivos

Esta acción judicial no es la última prevista en relación al Ayuntamiento de Iruña de Oca. El vecino que inició las denuncias, Davide Di Paola, continuará en los próximos días con otras acciones. En primer lugar, presentará una cinta y la transcripción literal del último pleno municipal, en la que, según el denunciante, "hay gente que se autoinculpa y relaciona a terceras personas" con respecto a las supuestas incompatibilidades a la hora de votar las normas urbanísticas.

Además, en representación de la asociación de vecinos que preside, Santa Catalina, Di Paola acusará al alcalde de destruir archivos con información sobre la actividad municipal, y por habérselos llevado en dos contenedores como escombros. El vecino asegura que el Ayuntamiento "no pidió la autorización" necesaria en estos casos ni justificó convenientemente la destrucción de los documentos. La denuncia irá seguramente personalizada hacia el alcalde.