Bélgica blinda todas sus fronteras al emprender la regularización de "ilegales"
Los inmigrantes tienen tres semanas de plazo
Bélgica impuso ayer controles en todas sus fronteras por un tiempo no determinado, al tiempo que emprendió el mayor proceso de regularización de los inmigrantes ilegales extranjeros, que ahora disponen de un plazo de tres semanas para solicitar permiso de residencia. La decisión supone una suspensión temporal del Acuerdo de Schengen sobre libertad de movimientos de ciudadanos en el seno de la UE.
El Gobierno de centro izquierda (socialistas, liberales y ecologistas), que preside el liberal flamenco Guy Verhofstadt, comunicó por escrito a las autoridades comunitarias la medida sólo pocas horas antes de que entrara en efecto. Con la medida se pretende frenar el tráfico humano de bandas criminales organizadas. También Luxemburgo ha decretado provisionalmente similares medidas.Desde primeras horas de la mañana fueron establecidos rígidos controles en las aduanas terrestres, aéreas y marítimas, al tiempo que miles de extranjeros sin papeles se atrevían a salir de la clandestinidad para normalizar sus vidas. Entre las 70.000 y 80.000 personas se cifra el número de indocumentados que vive en este país de dura burocracia y en donde cada vez son más alarmantes los brotes de racismo, especialmente de la mayoritaria población flamenca. De hecho, este gesto, aprobado por el Parlamento el pasado 25 de noviembre, tiene como origen la muerte por la policía de una joven nigeriana hace un año y medio. El fallecimiento despertó la sensibilidad de sectores bienpensantes de la ciudadanía y concentraciones en iglesias organizadas por asociaciones de defensa de los sin papeles del mismo corte a las que se produjeron en Francia.
"Me satisface cómo esta gente ha empezado a acudir a las comisarías y otros centros públicos sin temor", declaró ayer por la mañana en televisión el ministro del Interior, el liberal Antoine Duquesne, que pocas semanas después de que el nuevo Gobierno surgido de las elecciones legislativas del pasado junio asumiera el poder presentó un proyecto de ley de asilo político mucho más generoso que el que regía hasta ahora. Su antecesor en el cargo había sido menos diplomático y más expeditivo al cortar de raíz un intento de audiencia por parte de un grupo de inmigrantes recurriendo a los gendarmes. Su argumento fue claro: "Un ministro no habla con ilegales".
Sin incidentes
La afluencia de clandestinos no fue espectacular durante las primeras horas del lunes y no se registraron incidentes de relieve. La policía espera que conforme pasen los días el rosario de peticionarios se agrande una vez que el temor a terminar en la cárcel de quienes acudan a los centros de inmigración se desvanezca. Portavoces de organizaciones no gubernamentales han expresado, sin embargo, temor a que las autoridades actúen contundentemente con los que no satisfagan las condiciones.
Para poder normalizar su situación en Bélgica, los sin papeles que lo deseen deberán cumplir con uno de los requisitos siguientes: haber presentado una petición de asilo en los últimos cuatro años sin tener respuesta (tres años en el caso de familias con hijos); no poder regresar a su país por razones ajenas a su voluntad; estar gravemente enfermo o hacer valer motivos humanitarios, además de haber establecido raíces duraderas en el país. Los solicitantes deberán haber entrado en Bélgica antes del pasado 1 de octubre, así como presentar algunas pruebas como una copia de los documentos de identidad o de viaje, el domicilio real u otras pruebas como un comprobante bancario, facturas o de alguna institución pública.
El Gobierno ha anunciado que no será inmediata la expulsión de aquellos que no satisfagan los requisitos y que estudiará los casos una vez que concluya el periodo de solicitudes.
Con esta acción, Bélgica suspende cautelarmente el Acuerdo de Schengen sobre libre circulación ciudadana. "No hay nada que objetar", dijo ayer un portavoz de la Comisión Europea al explicar que el Gobierno belga se ha amparado en la aplicación del artículo 2 de dicha convención, según el cual cualquiera de los países signatarios puede solicitar la suspensión del mismo, sin límite determinado, por razones de seguridad.
Otros países como Italia, que en la primavera del año pasado también decidió regularizar la presencia de clandestinos, no decidió aplicar controles fronterizos.
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