El Gobierno español acepta cada año sólo 30.000 inmigrantes Los empresarios quieren traer a temporeros
A pesar de las supuestas necesidades de mano de obra que España tendrá en el futuro, según el informe de la ONU, el Gobierno establece un cupo para inmigrantes no comunitarios que para 1999 fue de sólo 30.000 personas, muy ligeramente superior al de años anteriores. La cifra del 2000 no será muy diferente. Al margen del cupo, se trata de articular mecanismos para que los inmigrantes trabajen sólo como temporeros, tal y como piden los empresarios.
Ese número de 30.000 personas que pudieron acceder a un permiso de trabajo en España con plenos derechos es claramente insuficiente si se tiene en cuenta que las solicitudes fueron 94.819. Es decir, las personas que pedían trabajar en España de forma legal triplicaban a las que el Gobierno consideraba necesarias o aceptables. El número de solicitudes duplicó el de 1998. En todo caso, el Ejecutivo asegura que muchas de las personas que solicitan un permiso lo hacen desde sus países, por lo que se estima que los no comunitarios que trabajan en España de forma irregular son entre 70.000 y 100.000. Y casi todos ellos intentan, año tras año, acogerse al cupo junto a los recién llegados.La nueva Ley de Extranjería, aprobada pese al rechazo del PP, no elimina este sistema, aunque establece vías alternativas y relativamente accesibles para conseguir trabajar en España. Claro que es el Gobierno el que debe facilitar su aplicación, y el propio Partido Popular ya ha anunciado que la cambiará si gana las próximas elecciones.
Temporeros
Al margen de polémicas políticas, diversos colectivos de empresarios españoles, especialmente los que se dedican a la agricultura en zonas como Almería, han solicitado al Gobierno que facilite la entrada de inmigrantes para paliar la escasez de mano de obra poco cualificada con la que aseguran encontrarse. El pasado mes de octubre, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Manuel Pimentel, anunció a bombo y platillo un convenio con Marruecos para dar entrada a ciudadanos de ese país que trabajarían como temporeros para luego volver a sus casas con un buen dinero ahorrado. Sin embargo, nada se ha vuelto a saber sobre la efectividad de este acuerdo.
Sólo hay una cosa clara: en provincias como Almería, un lugar conocido por todos los marroquíes que cruzan el estrecho y quieren trabajar en los invernaderos desperdigados por la costa, las solicitudes son casi el cuádruple de los menos de 3.000 permisos que se conceden, algo de lo que se quejan los inmigrantes pero sobre todo los empresarios.
El ministerio reconoce que esos trabajadores son necesarios, y se considera como una iniciativa de este departamento la inclusión en la nueva Ley de Extranjería de un artículo dedicado especialmente a ellos. Es el número 41, que establece no sólo que se facilitará la entrada y salida, sino que además la Administración deberá velar para que los trabajadores sean alojados en viviendas "con condiciones de dignidad adecuadas".
Después de la fuerte polémica creada tras la aprobación in extremis de la ley y sin el apoyo del partido del Gobierno, también está en duda la aplicación de este apartado, aunque la propia Administración reconoce que es la única manera de garantizar que cosechas enteras no queden sin recoger por falta de mano de obra.
