Hacienda será rigurosa en la devolución del patrimonio incautado a los partidos

El Gobierno ha decidido que Hacienda aplique con rigor el reglamento en la devolución del patrimonio incautado a los partidos tras la guerra civil.PNV y Unió Democràtica de Catalunya critican que lo que pretendía ser un gesto de ética política se vaya a convertir así en una gran merma en la restitución reivindicada. El PNV, que pide más de 5.000 millones, atribuye esta posición del Gobierno a una represalia política. UDC reclama 530 millones. El PCE exigía 200 y ha obtenido 24. Izquierda Republicana pedía 500 y ha logrado 42.

Poco antes de las fiestas navideñas, un asesor del PNV se entrevistó con un representante del Ministerio de Economía y Hacienda que le comunicó que había recibido instrucciones del Gobierno de aplicar de manera estricta el reglamento de la ley de devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos tras la guerra civil, aprobado en diciembre de 1998. El plazo del que disponen los partidos afectados para la presentación de la documentación finaliza en abril.El reglamento precisa que para la restitución de bienes inmuebles o derechos de contenido patrimonial a los partidos será necesario acreditar documentalmente su propiedad. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, que negoció con el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, el contenido de la ley, ha señalado a EL PAÍS que "unaaplicación reglamentista de la ley hace imposible una auténtica restitución porque mucha documentación fue arrasada por los propios vencedores de la guerra civil y, además, muchos de los testigos que podían acreditar la propiedad de bienes ya han fallecido". El portavoz adjunto de CiU, Manuel Silva, señala, igualmente, que "si te incautan y queman los archivos, luego no se pueden pedir pruebas concluyentes".

El PNV reclama más de 5.000 millones correspondientes a la propiedad de 19 batzokis (casas del partido), dos periódicos -Euskadi y La Voz de Navarra- y tres inmuebles radicados en Francia. La mayoría de los batzokis está en Vizcaya y Guipúzcoa. Muchos disponían de instalaciones adicionales. Este inventario lo recoge un informe que el PNV encargó a la firma británica Galtier y que entregará al Ministerio de Hacienda.

UDC, el partido democristiano catalán asociado a Convergència, reclama 530 millones por la titularidad de viviendas y alquileres. El 30 de diciembre presentó la documentación acreditativa de que dispone en Hacienda. El portavoz adjunto de CiU en el Congreso señala que "sería fastidioso que un exceso de formalismo impidiera una restitución ética".

Tanto Silva como Anasagasti creen que primará el formalismo a la vista del precedente del PCE e IR. En el primer caso, su reclamación de 200 millones ha quedado reducida a 24 millones de restitución. IR ha percibido 42 de los 500 millones reclamados. El PCE ha apelado ante la decisión gubernamental. En cuanto al PSOE, aún no ha presentado su documentación. Este partido también tiene grandes trabas para la compensación por su patrimonio porque compartía muchos de sus edificios con la UGT y este sindicato recibió una compensación en 1986.

Anasagasti señala que la aplicación de criterios reglamentistas "vulnera lo que se planteó como una ley de contenido político". Recuerda que la devolución del patrimonio incautado al PNV fue uno de los tres puntos que su partido pactó con José María Aznar para apoyarle en su investidura en mayo de 1996. Los otros dos fueron la renovación del Concierto Económico y el desarollo autonómico.

Según el portavoz del PNV, Aznar pretendía con la devolución del patrimonio escenificar la reconciliación de la derecha democrática española con el nacionalismo vasco. "Como no podía ser una devolución a un solo partido, la generalizó a todos los afectados con una ley".

El portavoz del PNV afirma que el ministro de Economía, Rodrigo Rato, siempre puso trabas a esta ley porque "a su juicio era una fórmula para financiar a la oposición". "Pero la cuestión de fondo es que como ahora estamos enfrentados con el Gobierno, se nos aplica el reglamento puro y duro. Pero no vamos a abdicar de nuestros principios", añade el portavoz del PNV.