El fiscal pide archivar el 'caso Focoex' en Uruguay por ausencia de indicios
El fiscal uruguayo Carlos García Altolaguirre recomendó archivar por falta de indicios de delito el denominado caso Focoex, iniciado en 1996 por la denuncia de un legislador contra varios altos funcionarios del anterior gobierno, a los que acusó de recibir comisiones ilegales de la empresa española. Según informa Efe desde Uruguay, el fiscal no halló responsabilidades penales de Focoex. El dirigente de IU Francisco Frutos trasladó en 1996 el caso a España y llegó a pedir una comisión de investigación en el Congreso.
La justicia uruguaya deberá tomar una decisión sobre el tema a principios del 2000. A comienzos de 1996, el diputado Leonardo Nicolini, apoyado por los legisladores de la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece, presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en las compras que hizo el Estado uruguayo de material médico español a través de la empresa Fomento del Comercio Exterior (Focoex).Los negocios, en el marco de un convenio de cooperación entre España y Uruguay firmado en 1992, totalizaron unos 200 millones de dólares. Las denuncias del legislador se refieren a la actuación de varios altos cargos del Gobierno durante la administración del presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95), del Partido Nacional o Blanco.
Nicolini acusó al ex secretario de la Presidencia uruguaya, Pablo García Pintos; al ex ministro de Salud Pública y actual senador, Guillermo García Costa; y al ex director de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Julio Macedo, de haberse beneficiado económicamente por el pago indebido de comisiones en las compras de los materiales españoles.
En julio de 1996, el Parlamento uruguayo inició una investigación durante la cual comprobó que Nicolini presentó documentos falsos para respaldar sus denuncias y, tras un largo proceso, a finales de 1997 suspendió al legislador por seis meses, mientras que la investigación continúo a nivel judicial.
Como parte de las pesquisas, la justicia uruguaya se incautó en noviembre de 1996 de documentación de la oficina de la empresa española durante un registro ordenado por la jueza Cecilia Schroeder, por entonces encargada del caso. Tras comprobarse que algunos de los documentos presentados por el legislador de izquierda eran apócrifos, el presidente del Partido Nacional, García Costa, Macedo, y el representante en Uruguay de FOCOEX, el comisionista uruguayo Walter Estellano, iniciaron sendos juicios por difamación e injurias contra Nicolini.
Hasta ahora, el legislador no ha podido ser llamado a declarar ante la justicia debido a su fuero parlamentario, pero el próximo 15 de febrero quedará fuera del Legislativo, ya que no fue reelegido en las elecciones del pasado 31 de octubre, y deberá afrontar los reclamos en su contra.
En el mismo informe que recomienda el archivo del caso, el fiscal García Altolaguirre señala que, a pesar de que los faxes presentados por el diputado de izquierda al Parlamento aparentan ser "falsos", no se pudo comprobar "fehacientemente" tal extremo, porque nunca se contó con los documentos originales para cotejarlos. Debido al revuelo político causado por las denuncias de Nicolini, los representantes de Focoex decidieron cerrar su oficina en la capital de Uruguay, Montevideo, hace dos años.
El conocido como caso Focoex fue ampliamente aireado en España por Izquierda Unida. Francisco Frutos, diputado de este grupo político y hoy candidato a la presidencia del Gobierno por la coalición, pidió que se abriera una comisión de investigación en el Parlameto español para conocer las irregularidades. El hoy secretario general del PCE y diputado de IU quiso trasladar el escándalo desde Uruguay a España en octubre de 1996, tres meses después de que el Congreso de los Diputados de Uruguay diese por cerrado el caso. El 15 de agosto de 1996, la cámara exculpaba a la empresa española de irregularidades tras una maratoniana sesión parlamentaria que duró 17 horas.
El diputado de IU ignoró esta sesión del Parlamento uruguayo, aunque finalmente el PP no llegó a recoger su invitación para crear esa comisión de investigación en el Congreso español. Mientras tanto, el principal acusador de Focoex, el diputado Leonardo Nicolini, fue juzgado políticamente por el Senado de Uruaguay por haber aportado pruebas falsas por lo peritos para avalar sus tesis acusatorias.
Este parlamentario además tenía pendientes varias querellas en los tribunales presentadas por personas que se sintieron perjudicadas por las imputaciones. Incluso dentro de su grupo político hubo disensiones sobre las acusaciones de Nicolini.
Los representantes del Partido Nacional destacaron en la larga sesión de agosto de 1996 que el objetivo de los convenios suscritos con Focoex fue culminar la mayor inversión en material sanitario de Uruguay.
