El juez formaliza las imputaciones de cohecho por el "Caso Callosa"

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, Carlos Manchón, formalizó ayer las imputaciones por un presunto delito de cohecho contra los empresarios Luis Menárguez Manresa y José Antonio Plaza Lacasa, socios de una firma constructora de Callosa de Segura implicados en el intento de soborno de un concejal socialista de la localidad para propiciar una moción de censura favorable al PP.Con ellos, ya son cinco los que probablemente compartirán banquillo en un juicio con tribunal popular, después de que juez y fiscal coincidieran en imputar el mismo delito a los concejales del PP Javier Pérez Trigueros, Salvador Guirao Sánchez y Miguel Ángel Plaza Ferrández.

El juez acordó ayer continuar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, que implicará la toma de declaración de los testigos solicitados por las partes. El proceso desembocará en una audiencia preliminar, en el mismo juzgado, previa a que el expediente se remita a la Audiencia Provincial para la elección del jurado y la celebración del juicio.

Indicios "suficientes"

El magistrado señala en el auto que "constan indicios suficientes" de que los imputados hicieron los "ofrecimientos o promesas" que en octubre denunció el concejal socialista José Manuel Martínez Bernabé. Tales prebendas, según el testimonio de Martínez, se resumen en dinero, trabajo para él y su mujer y poder absoluto en el área municipal de su elección a cambio de traicionar a sus compañeros, abandonar la disciplina de partido, integrarse en el Grupo Mixto y suscribir y apoyar una moción de censura contra el actual alcalde.

Posteriormente, llegado el momento de elegir nuevo alcalde, Martínez se debía abstener en la votación, lo que facilitaría el nombramiento como primer edil de Javier Pérez, cabeza de lista del partido más votado en las elecciones locales de junio, el PP. El Callosa de Segura gobierna una coalición tripartita de izquierda integrada por el PSPV (con seis concejales), Democracia Socialista (dos ediles), y el representante de EU, que pactaron para superar por un voto a los ocho concejales que consiguió el PP en las urnas.

La defensa de los imputados reclamó ayer el sobreseimiento de la causa. Al ser rechazada la propuesta, se marcó como estrategia anular el testimonio de Antonia Menárguez, esposa de Martínez y testigo principal del presunto intento de soborno, alegando que sufre desequilibrios mentales desde una depresión de la que fue tratada en 1993. El dato, desconocido hasta ahora, motivó que el juez reclamara el historial médico de la mujer.

La instrucción del expediente continuará con la declaración de otros testigos propuestos por la acusación y la defensa. Esta última intenta demostrar que los concejales del PP estaban trabajando el día en que se celebró la supuesta reunión en la que se intantó sobornar al edil socialista.