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El alcalde retira a última hora el convenio que permitía a Gil ganar 2.000 millones

La decisión del juez Manuel García Castellón de intervenir el club Atlético de Madrid y destituir a todo su consejo de administración modificó ayer el orden del día del pleno del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde decidió retirar el convenio suscrito por el edil de Urbanismo, Ignacio del Río, y Miguel Ángel Gil, director general del Atlético de Madrid, que permitía al club, cuyo propietario mayoritario es Jesús Gil, levantar 302 viviendas junto al estadio Vicente Calderón. José María Álvarez del Manzano se vio obligado a tomar la decisión de retirar el convenio por la intervención judicial. La portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, pidió el pasado martes que no se aprobara la cesión urbanística porque la situación jurídica de Gil desaconsejaba ratificar una operación que "bordeaba la legalidad". Tanto el alcalde como el edil de Urbanismo desoyeron las consideraciones de IU, pero, ante las medidas adoptadas por el juez García Castellón, tuvieron que renunciar a ratificar el convenio y a traspasar a Gil una parcela municipal y un negocio próximo a los 2.000 millones de pesetas, según los expertos.El gobierno municipal, del PP, decidió remitir el texto del convenio al juez García Castellón para que sea éste el que decida si se ratifica. Antes de tomar esa decisión, el primer teniente de alcalde, José Antonio Gómez-Angulo, se puso en contacto con el Ministerio de Justicia y con el propio Manuel García Castellón.

El acuerdo que el PP sometía ayer a la consideración del pleno tenía como finalidad equiparar al Atlético, propiedad de Jesús Gil, con el Real Madrid en los beneficios económicos obtenidos por este último al convertir una esquina de su estadio en un centro comercial bautizado como La Esquina. Para ello el gobierno municipal autorizó al Atlético a construir 302 viviendas y un aparcamiento de 600 plazas en dos parcelas al norte y al sur del estadio. Una de esas parcelas era de propiedad municipal; la otra, del Atlético, había sido recalificada de uso verde a residencial. La izquierda municipal denunció el "regalo injustificado" a Gil. El interventor municipal también puso reparos que obligaron a Ignacio del Río a modificar el convenio en noviembre.

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El edil de Urbanismo sostiene que el trato con Gil produce un "beneficio clarísimo" a Madrid

VIENE DE LA PÁGINA 1 Para compensar al Ayuntamiento por los beneficios urbanísticos que otorga esta institución al Atlético de Madrid, el club cede al municipio parte de la parcela que posee junto a la M-30 y se compromete además a mejorar las aceras del entorno, así como los accesos a la M-30. Pero en el capítulo de beneficios, el Atlético sumaba a los puramente urbanísticos la gestión del aparcamiento durante 75 años. El interventor municipal no encontró justificado que la gestión del aparcamiento se adjudique sin concurso público a Gil. Así lo informó el pasado 17 de septiembre. Tras la supresión de esa cláusula, el propio director general del Atlético, Miguel Ángel Gil, declaró a EL PAÍS el pasado lunes que un "convenio buenísimo" [que incluía la gestión del aparcamiento], "se había quedado en un convenio bueno".

Superado el escollo planteado por el interventor, el edil de Urbanismo contaba con ratificar por fín en este pleno, el último del año, el acuerdo con Gil, a pesar de que el informe apuntaba también que la parcela propiedad del Atlético no está libre de cargas, condición indispensable para llevar adelante el acuerdo. Además, con la documentación aportada a la Comisión de Urbanismo trascendió que el club ha cedido los derechos urbanísticos a una empresa, Ventero-Muñoz, que construirá las viviendas, aun antes de que se hubiera aprobado en el pleno municipal.

Ventero-Muñoz depositó el pasado noviembre en Gerencia de Urbanismo, en nombre del Atlético, avales por más de 1.200 millones, pero el Ayuntamiento desconoce los detalles del acuerdo entre Gil y el empresario. Además de ese respaldo financiero, en junio de 1998 Ventero-Muñoz entregó a Miguel Ángel Gil otros 2.700 millones en avales, según los contratos conocidos por EL PAÍS.

El acuerdo consiste en que el club cede a Ventero a un precio de 100.000 pesetas el metro cuadrado el 50% del suelo recalificado como residencial por el Ayuntamiento. A cambio, Gil recibirá en un plazo de 24 meses la mitad de las viviendas ya construidas. Es decir, 151 pisos de 100 metros cuadrados, que tendrán un precio de venta en el mercado superior a los 30 millones cada uno.

La promoción planificada incluye viviendas de dos, tres y cuatro habitaciones, especificándose que las viviendas de dos habitaciones no pueden superar el 50% de la promoción.

Del Río afirmó ayer en el pleno que con el convenio se "produce un clarísimo beneficio para la ciudad" y anunció que en el caso de que no se ratifique, el Ayuntamiento tendrá que abonar al club por los usos coadyugantes pendientes.

No es ésa, en cambio, la opinión de la oposición. "Estaba cantado", afirmó Inés Sabanés, portavoz de IU, con respecto a la decisión del juez García Castellón. "Lo que ayer era una exigencia política por parte de IU, hoy es una exigencia por la situación planteada. Todos deberíamos estar preocupados por la situación del señor Gil. Hay situaciones que obligan a las administraciones y que me parece que usted no ha tenido hasta ahora en cuenta. El debate político sigue pendiente", señaló Sabanés a Del Río .

El portavoz socialista, Manuel García Hierro, rechazó las afirmaciones de Del Río sobre un primer convenio que firmó Juan Barranco: "La figura jurídica con la que se firmó un acuerdo en 1989 cambió y el club acabó teniendo propietario. Usted habla mucho del pasado, pero a ver si empieza a darse cuenta que el pasado son ustedes".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de diciembre de 1999

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