El alcalde retira a última hora el convenio que permitía a Gil ganar 2.000 millones

VIENE DE LA PÁGINA 1 Para compensar al Ayuntamiento por los beneficios urbanísticos que otorga esta institución al Atlético de Madrid, el club cede al municipio parte de la parcela que posee junto a la M-30 y se compromete además a mejorar las aceras del entorno, así como los accesos a la M-30. Pero en el capítulo de beneficios, el Atlético sumaba a los puramente urbanísticos la gestión del aparcamiento durante 75 años. El interventor municipal no encontró justificado que la gestión del aparcamiento se adjudique sin concurso público a Gil. Así lo informó el pasado 17 de septiembre. Tras la supresión de esa cláusula, el propio director general del Atlético, Miguel Ángel Gil, declaró a EL PAÍS el pasado lunes que un "convenio buenísimo" [que incluía la gestión del aparcamiento], "se había quedado en un convenio bueno".

Superado el escollo planteado por el interventor, el edil de Urbanismo contaba con ratificar por fín en este pleno, el último del año, el acuerdo con Gil, a pesar de que el informe apuntaba también que la parcela propiedad del Atlético no está libre de cargas, condición indispensable para llevar adelante el acuerdo. Además, con la documentación aportada a la Comisión de Urbanismo trascendió que el club ha cedido los derechos urbanísticos a una empresa, Ventero-Muñoz, que construirá las viviendas, aun antes de que se hubiera aprobado en el pleno municipal.

Ventero-Muñoz depositó el pasado noviembre en Gerencia de Urbanismo, en nombre del Atlético, avales por más de 1.200 millones, pero el Ayuntamiento desconoce los detalles del acuerdo entre Gil y el empresario. Además de ese respaldo financiero, en junio de 1998 Ventero-Muñoz entregó a Miguel Ángel Gil otros 2.700 millones en avales, según los contratos conocidos por EL PAÍS.

El acuerdo consiste en que el club cede a Ventero a un precio de 100.000 pesetas el metro cuadrado el 50% del suelo recalificado como residencial por el Ayuntamiento. A cambio, Gil recibirá en un plazo de 24 meses la mitad de las viviendas ya construidas. Es decir, 151 pisos de 100 metros cuadrados, que tendrán un precio de venta en el mercado superior a los 30 millones cada uno.

La promoción planificada incluye viviendas de dos, tres y cuatro habitaciones, especificándose que las viviendas de dos habitaciones no pueden superar el 50% de la promoción.

Del Río afirmó ayer en el pleno que con el convenio se "produce un clarísimo beneficio para la ciudad" y anunció que en el caso de que no se ratifique, el Ayuntamiento tendrá que abonar al club por los usos coadyugantes pendientes.

No es ésa, en cambio, la opinión de la oposición. "Estaba cantado", afirmó Inés Sabanés, portavoz de IU, con respecto a la decisión del juez García Castellón. "Lo que ayer era una exigencia política por parte de IU, hoy es una exigencia por la situación planteada. Todos deberíamos estar preocupados por la situación del señor Gil. Hay situaciones que obligan a las administraciones y que me parece que usted no ha tenido hasta ahora en cuenta. El debate político sigue pendiente", señaló Sabanés a Del Río .

El portavoz socialista, Manuel García Hierro, rechazó las afirmaciones de Del Río sobre un primer convenio que firmó Juan Barranco: "La figura jurídica con la que se firmó un acuerdo en 1989 cambió y el club acabó teniendo propietario. Usted habla mucho del pasado, pero a ver si empieza a darse cuenta que el pasado son ustedes".