PSC, ERC e IC-V rechazan aumentar en 1.000 agentes la Guardia Urbana

La Guardia Urbana se convirtió ayer en uno de los protagonistas del último pleno del año del Ayuntamiento de Barcelona. En la calle, unos 400 agentes realizaron una sonora protesta en demanda de aumento de plantilla. Mientras, en el salón de plenos, el equipo de gobierno municipal -PSC, IC-V y ERC- rechazaba la propuesta de CiU y PP de aumentar la plantilla en 1.000 agentes a lo largo de este mandato. Ayer se aprobó el presupuesto municipal del 2000, de 228.000 millones, con el voto en contra de la oposición.

A los policías municipales de servicio ayer en la puerta del Ayuntamento de Barcelona se les puso cierta cara de circunstancias cuando sus compañeros allí concentrados insistían en que querían entrar en el edificio y estar presentes en el plenario que, entre otras cosas, iba a tratar de sus reivindicaciones a través de una propuesta presentada por el grupo municipal de Convergència i Unió y que contó con el apoyo del PP.Finalmente, los concentrados se conformaron con pemanecer en la plaza, a golpe de pito y de cantos de villancicos reivindicativos. La principal reclamación que mantiene el cuerpo de policía local es la necesidad de aumentar la plantilla que, según denuncian, ha disminuido en unos 800 agentes en los últimos años hasta llegar a los 2.300 actuales. Las reivindicaciones de los agentes vienen siendo recogidas por los dos grupos de la oposición municipal: CiU y PP.

Ayer, en defensa del incremento de la plantilla, el regidor de CiU, Joaquim Forn, argumentó que la media de edad de los efectivos es de 46 años, una edad considerablemente alta teniendo en cuenta que hay muchos servicios de calle. La carencia de personal provoca, según CiU, que muchos agentes se vean obligados a realizar horas extraordinarias. El PP abundó en la misma idea afirmando que la mejora del servicio de la Guardia Urbana sólo se puede conseguir con más agentes.

La propuesta de la oposición fue rechazada por el equipo de gobierno de Clos. No obstante, Iniciatiava per Catalunya (IC-V) sí admitió la necesidad del incrementar la plantilla, en unos 50 agentes por año, según manifestó el regidor Eugeni Forradellas, quien insistió en que hay que atajar las horas extraordinarias de los agentes.

El punto de vista del equipo municipal es que el problema no reside tanto en el incremento de la plantilla, sino en buscar un sistema más eficaz para la indisciplina tanto en el tráfico como respecto a otras ordenanzas: "El efecto de que hay pocos agentes en la calle se percibe, sobre todo, por los problemas derivados de la indisciplina de los conductores. En realidad, el ciudadano lo que pide es más autoridad para combatir las infracciones y eso no se arregla poniendo a un policía detrás de cada persona, sino en buscar otras formas de actuar contra los infractores", subrayó la regidora de Movilidad, Carme San Miguel.

Desde las filas socialistas se alegó, también, que el promedio de agentes por cada 1.000 habitantes en Barcelona es superior al de otros países europeos, como un argumento para controlar el incremento de los cuerpos policiales. "Sobre todo, cuando nos encontramos en un momento en el que hay que definir el modelo de policía ante el inminente despliegue de los efectivos de los Mossos d"Esquadra", apostilló el alcalde, Joan Clos.

Presupuestos

En el pleno de ayer también se aprobó definitivamente el presupuesto municipal del 2000, que asciende a 228.000 millones de pesetas. CiU y PP votaron en contra. Desde las filas de CiU, el regidor Joan Puigdollers criticó los presupuestos porque, según su punto de vista, recortan las inversiones en los servicios sociales y no suavizan la fiscalidad que tiene que soportar el residente de Barcelona. Una y otra crítica fueron rechazadas por el equipo de gobierno municipal que, por el contrario, recriminó la "escasa" colaboración de la Adminstración autonómica en cuestiones como los servicios sociales.

Al finalizar el pleno, Clos anunció que el Ayuntamiento de Barcelona propondrá que se modifique la ley electoral general para permitir que los inmigrantes residentes en la ciudad tengan derecho al voto en las elecciones municipales.

El alcalde, que explicó que esa medida ya estaba prevista en la Carta de Barcelona, se felicitó ayer al tener conocimiento de la aprobación de la nueva Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados en su versión original.