Gil incluyó en el PGOU rechazado por la Junta 252 convenios urbanísticos
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 reservó, en el llamado paraje Puerto Rico, la finca Huerta Zaragoza -propiedad de la familia Arias-Salgado y colindante con terrenos forestales del Estado- como Sistema General de Áreas Libres en el que el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE, proyectó convertir en parque recreativo. Esta calificación no permite edificar.En julio de 1990 el pleno municipal aprobó la ocupación de la finca, lo que obligaba al consistorio a compensar a sus propietarios con asignaciones de los excesos de zonas urbanizables. Aunque se proyectó usar para ello suelo urbano programado en la zona de Nagüeles, la corporación no llegó a ejecutar el acuerdo antes de mayo de 1991, cuando Gil ganó la alcaldía con mayoría absoluta.
En 1993, Jesús Gil inició la revisión del PGOU de 1986. En el nuevo plan pretendía incluir las obligaciones contraídas en una serie de convenios urbanísticos con promotores privados, algunos de los cuales contemplan urbanizar zonas no permitidas en el PGOU aún vigente. La gran cantidad de convenios -252 incluidos en el documento enviado en 1997 a la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga- obligó a realizar hasta dos aprobaciones iniciales del nuevo plan.
Uno de estos convenios fue suscrito en diciembre de 1993 con el hoy ministro Rafael Arias-Salgado y tres de sus hermanos para cambiar la finca por dos parcelas urbanizables en Reserva de los Monteros (4.194 metros cuadrados en total) y otra en Lomas del Puerto (16.155 metros cuadrados). Esta última, sin embargo, seguía siendo en el plan vigente zona verde y de equipamiento escolar.
El 6 de marzo de 1998 el convenio es elevado a escritura pública, pero el 20 de julio de ese año la Comisión Provincial de Urbanismo rechazó todos los cambios de uso de zonas verdes y de equipamiento, lo que obligó a Gil a hacer un texto refundido que introdujera las modificaciones exigidas. Pese a ello, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella ratificó el 13 de agosto de 1999 el convenio entre el Ayuntamiento y la familia Arias-Salgado, que así vuelve a ser recogido en el PGOU que el Ayuntamiento envió en noviembre a la Junta para un nuevo dictamen. Entretanto, sigue vigente el plan de 1986.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Jesús Gil y Gil
- GIL
- Marbella
- Rafael Arias-Salgado
- VI Legislatura España
- Ministerio de Fomento
- Gobierno de España
- PGOU
- Planes urbanísticos
- Provincia Malaga
- PP
- Ministerios
- Corrupción política
- Legislaturas políticas
- Partidos políticos
- Vivienda
- Andalucía
- Desarrollo urbano
- Comunidades autónomas
- Corrupción
- Ayuntamientos
- Administración autonómica
- Gobierno
- Urbanismo
- Administración local