Arias-Salgado se presenta como víctima de una expropiación del Ayuntamiento de Marbella

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, se presentó ayer como víctima de una expropiación del Ayuntamiento de Marbella en su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Infraestructuras del Congreso. Pretendía disipar las dudas de los diputados de la oposición sobre el convenio urbanístico que suscribió junto a sus hermanos con el Consistorio marbellí, gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), pero los representantes de la izquierda pidieron la dimisión del ministro por "aprovecharse" de la recalificación de una zona verde pública que ha parado la Junta de Andalucía.

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, no convenció ayer a los diputados de Izquierda Unida, Nueva Izquierda y PSOE, en sus explicaciones sobre la operación urbanística por la cual el Gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella le compensó -expropió, según Arias-Salga- do- a él y a su familia con 7.600 metros cuadrados de suelo residencial (unas 76 viviendas en zonas de alto valor inmobiliario) por la ocupación forzosa de una finca rústica de "unos 175.000 metros cuadrados" en la zona de Puerto Rico, declarada "paraje serrano".Tanto el diputado de Nueva Izquierda Diego López Garrido como el socialista Jesús Caldera indicaron que, según sus informaciones inmobiliarias, los terrenos que el ministro aseguró ayer que había vendido por 234 millones de pesetas valían realmente entre 600 y 1.700 millones. El ministro pidió seriedad a ambos parlamentarios al asegurar que el había aportado a la comisión documentos (una escritura pública y un convenio privado) que demostraban que las parcelas no valían más de 234 millones. "Las parcelas valen lo que que se obtiene por ellas en el mercado. Y nada más", apostilló el ministro. El socialista Caldera argumentó entonces que una información de la Agencia Tributaria fijaba entre 25.000 y 35.000 pesetas el metro cuadrado en la zona de Los Monteros, de Marbella.

Mientras, el ministro defendía una tasación encargada por el Ayuntamiento presidido por el Gobierno del GIL en 1995, en la que el precio se limitaba sólo a 16.000 pesetas por metro cuadrado.

Arias-Salgado leyó un informe de siete puntos, su versión de los hechos, en el que negó que hubiera dado un pelotazo urbanístico con los terrenos de Marbella y explicó que fue el PSOE el que, en 1986, decidió expropiarle a él y a su familia una finca rústica y compensarle por la misma con 20.000 metros cuadrados edificables en la zona de Los Nagueles.

"Ni lícito ni ilícito"

El ministro de Fomento explicó que aquella compensación no se llegó a ejecutar nunca porque los socialistas perdieron las elecciones municipales y el partido de Jesús Gil, que se aupó a la alcaldía, decidió modificar el convenio y ofrecer una compensación distinta (7.600 metros cuadrados) en otra zona de Marbella (Los Monteros y Las Lomas). "No hubo enriquecimiento, ni lícito ni ilícito, ni justo ni injusto. No hay enriquecimiento porque no se obtiene más de lo que se tiene. Para mí hubiera sido más beneficiosa la compensación ofrecida por los socialistas que la del GIL", señaló.

Arias-Salgado acusó a la Cadena Ser por calificar la operación urbanística de "pelotazo", en "términos ofensivos, descalificatorios y calumniosos" y de perseguir junto a EL PAÍS "el acoso y derribo del Gobierno".

Asimismo denunció que en las informaciones que habían difundido ambos medios de comunicación se había ocultado que cuando se firmó el convenio con el Gobierno del GIL, en 1993, Arias-Salgado no era aún ministro de Fomento, y que en 1998, cuando ya ocupaba una cartera en el Gobierno de José María Aznar, el convenio que se elevó a escritura pública era el mismo que el firmado cinco años antes. "Reto a que esos medios de comunicación publiquen integramente este informe. Sin entrecomillados, sin deformaciones, sin comentarios introducidos", dijo refiriéndose a su versión escrita sobre la suerte que corrieron sus terrenos rústicos de Marbella.

El ministro informó a los parlamentarios que había presentado una demanda de defensa del honor contra la Cadena SER y contra "un locutor" del mismo medio de comunicación.

La izquierda parlamentaria criticó "el alegato contra un grupo de comunicación" lanzado por Arias-Salgado y solicitó su dimisión por "aprovecharse" de la recalificación de una zona verde de dominio público emprendida por el Gobierno del GIL en Marbella para compensarle por la zona de Puerto Rico. Dicha recalificación fue paralizada hace casi un año por la Junta de Andalucía. Así, la zona verde que el Gobierno del Gil quiso recalificar para uso residencial y compensar con ella a Arias-Salgado y su familia, sigue siendo verde y pública y no puede ser considerada residencial privada.

Arias-Salgado y su familia, según reconoció ayer el ministro, ya han vendido por 234 millones de pesetas las parcelas que el Ayuntamiento de Marbella, mediante convenio urbanístico aprobado en 1993 y elevado a escritura pública en 1998, se comprometió en cederles para compensarles por la ocupación de la finca de Puerto Rico.

Acreditar la venta

El ministro aseguró ayer en la comisión parlamentaria que ponía los documentos (una escritura pública y un convenio privado) que acreditaban dichas ventas a disposición de la Mesa de la Comisión de Infraestructuras. Esos certificados de las ventas de los terrenos no serán entregados hasta mañana al presidente del Congreso de los Diputados, que es la fórmula reglamentaria.

Arias-Salgado detalló que en la venta de esas parcelas que el Ayuntamiento de Marbella, mediante convenio firmado en 1993 y elevado a escritura pública en 1998, les cede como compensación por la finca de Puerto Rico, se reseña la circunstancia de que la edificación de viviendas sobre las mismas está aún pendiente de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella.

El portavoz socialista, Jesús Caldera, acusó al ministro de "dar cobertura" a la "ilegalidad" perpetrada por el Gobierno del GIL en Marbella al recalificar una zona verde para convertirla en uso residencial con el que pagar a Arias-Salgado. El portavoz de IU, José Luis Centella, preguntó al ministro cómo era posible que hubieran vendido un suelo que aún no estaba recalificado y era propiedad del Ayuntamiento puesto que el Plan General elaborado por el Gobierno del GIL estaba suspendido por la Junta de Andalucía, competente para ratificarlo y darlo validez.

Convenios con Gil

El portavoz de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, descalificó al ministro por firmar convenios con el Gobierno presidido por Jesús Gil y Gil después de conocer las ilegalidades urbanísticas cometidas por esta administración municipal. Y le acusó de invertir 54 millones de su departamento en mejorar el "merendero" previsto por el Ayuntamiento de Marbella en la finca de Puerto Rico.

El ministro de Fomento se lamentó de que la oposición le imputará las decisiones urbanísticas con la recalificación de zonas verdes que sólo eran competencia del Ayuntamiento de Marbella Y negó que Fomento hubiera decido gastar 54 millones de su presupuesto en la finca de Marbella porque "nunca existió esa previsión ni el ministerio es competente para invertir en parques y jardines".

El portavoz socialista Jesús Caldera insistió en su intervención en que el ministro de Fomento, con su aceptación del "apaño urbanístico" que le ofrecía el Gobierno del GIL, mediante la compensación con unas parcelas verdes recalificadas irregularmente a residenciales, había incurrido en una gravísima responsabilidad y debía "marcharse del Gobierno". "Es como si el ministro de Hacienda no hiciera la declaración de la renta, como si el ministro de Trabajo tuviera una empresa con trabajadores sin darlos de alta, como si la ministra de Justicia cometiera delitos menores o como si la ministra de Medio Ambiente tuviera una fábrica que produjera residuos tóxicos", denunció Caldera.

El ministro insistió en que toda su actuación había sido legítima y legal y trató de explicar a los diputados que cuando un particular, como en su caso, es expropiado por una administración pública, está en una situación de inferioridad y no puede intervenir en los procedimientos urbanísticos puestos en marcha por el Ayuntamiento para compensarles por la parcela expropiada. "¿Por qué me imputan a mí los actos unilaterales del Ayuntaiento de Marbella?", preguntó a la oposición. "Lo que resulta incontestable", concluyó Arias-Salgado, "es que los socialistas me ofrecían a mí y a mi familia 20.000 metros cuadrados edificables, y el Gobierno del GIL, tan sólo 7.600".