El ministro niega toda irregularidad

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, quiso utilizar su comparecencia de ayer para salir al paso de toda la retahíla de acusaciones que le imputó la oposición: adjudicar el alquiler de la nueva sede de Correos a un ex socio suyo en negocios urbanísticos, favorecer a antiguos colaboradores en empresas privadas mediante la recalificación de terrenos en la Operación Chamartín, y favorecer un pelotazo a las concesionarias de las autopistas de peaje.Arias-Salgado replicó que todas esas acusaciones eran falsas y obedecían a una clara "estrategia electoral". Proclamó que el contrato de Correos por el que se pagarán más de 500 millones anuales a una empresa de un ex socio suyo y en contra de los informes de los técnicos no había sido "lesivo" para esta entidad pública sino claramente beneficioso.

Respecto a la Operación Chamartín, promovida por el Ayuntamiento de Madrid y que posibilitará construir viviendas y rascacielos de oficinas en más de dos millones de metros cuadrados en donde hoy donde se asienta el nudo ferroviario de esa estación, el ministro afirmó que en esta operación urbanística está actuando un ex concejal del PSOE, Jesús Espelosín, que fue durante muchos años de poder municipal socialista el principal responsable de urbanismo de Madrid. Según las acusaciones lanzadas ayer en el Congreso por Arias-Salgado, Espelosín ha comprado por un precio muy barato derechos de reversión a antiguos propietarios de terrenos en el ensanche de La Castellana para vendérselos después a terceros por precios multimillonarios y así especular con ellos.