Los abogados del Estado avisan de su creciente fuga al sector privado

El primer Congreso Nacional de la Asociación de Abogados del Estado concluyó con la reclamación al Ministerio de Justicia de una reorganización del servicio jurídico del Estado que incluya una subida salarial, en evitación de la creciente fuga de estos profesionales al sector privado. El presidente de la asociación, José Antonio Morillo-Velarde, indicó que "existe un riesgo de que deje de haber abogados del Estado, porque el flujo de salida hacia despachos privados es mayor que el de entrada, por una cuestión retributiva".Morillo-Velarde explicó que los menos de 300 abogados del Estado se hacen cargo de unos 200.000 pleitos anuales, por un importe de unos tres billones de pesetas. Señaló que el presupuesto anual de la abogacía del Estado es de 2.800 millones, mientras que algunos despachos privados superan los 5.500 millones.

Aparte de los aspectos retributivos, los abogados del Estado pidieron la creación de un órgano cuya finalidad exclusiva sea asesorar jurídicamente al presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros y a sus comisiones delegadas.

Sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada el jueves, el presidente del congreso, Arturo García Tizón, se hizo eco de "la crítica generalizada" de los juristas".