La Audiencia archiva una causa judicial contra la construcción del centro Artea

La Audiencia de Bilbao ha archivado la causa por un presunto delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de Leioa en la construcción del centro comercial Artea, el mayor de toda la cornisa cantábrica, inaugurado en abril de 1998. El sobreseimiento se produce al retirarse la demanda que había planteado una cadena cántabra de supermercados. La Audiencia había instado anteriormente, por dos veces, a proseguir las investigaciones. La creación de Artea es indagada también por la UE debido a la falta de la evaluación de impacto ambiental y existe otra denuncia por posible delito ecológico.

La demanda archivada se dirigió contra el alcalde de Leioa y 11 concejales más -pertenecientes al PNV y PSE-EE, partidos que formaban en la anterior legislatura el equipo de gobierno municipal- que aprobaron el plan urbanístico para la construcción del parque comercial, que ocupa 70.000 metros cuadrados de superficie y requirió una inversión de 19.000 millones.La denuncia en los tribunales se fundamentaba en la modificación de las normas subsidiarias de Leioa cuando estaban a punto de aprobarse en un pleno. En ellas, el área donde se asienta Artea figuraba como no urbanizable, pero, tras la presentación de un proyecto por los promotores del parque comercial, se recalificó en suelo urbanizado.

El juzgado de Getxo que desarrolló las diligencias archivó el caso en dos ocasiones y la Audiencia ordenó otras tantas que prosiguiera la investigación. En el último de estos autos, estimaba que, cuando estaba a punto de aprobarse el plan urbanístico municipal, "la ulterior presentación de Sarrienaldea [la promotora de Artea] de un documento que tenía como objetivo el desarrollo de una promoción inmobiliaria determinó una serie de actuaciones posteriores que culminaron con la efectiva modificación de las normas subsidiarias de Lejona". El tribunal señala que existen datos de que las obras de construcción de Artea "se realizaron antes de la aprobación de las normas subsidiarias" y, por todo ello, se "justifica sobradamente la prosecución de la investigación". La Audiencia citaba incluso aspectos que debían aclararse, como la fecha de adquisición de los terrenos por parte de Sarrienaldea o "las incidencias previas a la aprobación de las normas en el desarrollo de las obras".

Retirada de la demanda

En aquellas fechas -a finales de 1998-, sin embargo, la cadena de supermercados demandante decidió, tras un cambio en su accionariado, la retirada de la demanda. Ante esta situación, en su último auto la Audiencia ha decidido el archivo con el desestimiento del demandante como único motivo. "No lo hizo antes, a finales de 1998, porque hubo un fallo administrativo y la Audiencia no se enteró del desestimiento de la parte demandante. Al no seguir la denuncia, se ha visto obligada a archivarla", explicaron fuentes judiciales.

El centro Artea está, sin embargo, aún pendiente de otro litigio judicial: la denuncia formulada por una asociación vecinal y la plataforma ecologista Erreka por un presunto delito ecológico en las obras, que se asientan sobre un antiguo vertedero.

Estos grupos se sustentaron en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que el pasado año concluyó que el suelo "no ha sido totalmente descontaminado" debido a "altas dosis de HCH (residuos de lindane) y arsénico" al tiempo que aludía a la existencia de un riesgo de contaminación para la salud humana y la carencia de un plan de seguridad en caso de emergencia.

El estudio del Seprona constataba la falta de la evaluación de impacto ambiental. "Su confección debió ser previa a la autorización de las obras. No se hizo. Se sustituyó por una auditoría ambiental, lo cual es diferente tanto en sus fines como en sus finalidades".

El juzgado de Getxo ha solicitado este año nuevas pruebas al Seprona y se está a la espera de una resolución sobre el caso.

A este litigio se une la investigación abierta desde hace un año por la Dirección de Medio Ambiente de la Unión Europea, que admitió la queja presentada por HB por la falta de la evaluación de impacto ambiental.