Presentación fallida de un plan

El presidente del Gobierno, José María Aznar, iba a presidir el pasado 14 de diciembre, junto a los titulares de los departamentos de Fomento y Medio Ambiente, la presentación de un multibillonario plan de Infraestructuras para el periodo 2000-2006. El acto se suspendió. A la hora prevista, el presidente giraba una visita a Galicia. Fuentes de Fomento aseguran que la suspensión se hizo por indicaciones de La Moncloa, habida cuenta de la inoportunidad política de vender un macroplán desde un ministerio que no atraviesa un buen momento de credibilidad política. Tanto este macroplán como otros sectoriales -la segunda fase de autopistas de peaje, por ejemplo- no han sido elaborados con criterios objetivos ni se han discutido con los agentes sociales ni en el Parlamento, dos pasos fundamentales que no deben faltar en la elaboración de un plan de esas características, según los ingenieros de caminos firmantes de la carta al ministro Arias-Salgado. Se quejan de que sobre ellos recae la responsabilidad jurídica del control y la administración de servicios "cada vez más privatizados, convirtiendo su firma en una apariencia de legalidad que les puede llevar a ser responsables legales de decisiones que les son ajenas o, en caso de negarse, a ser tachados de obstruccionistas o poco eficaces y arrinconados por ello".

Añaden en la carta que cada vez se delegan más tareas en empresas privadas, sin que exista una organización administrativa que controle la actividad del conjunto de ellas y permita optimizar las inversiones realizadas. "Consecuencia de ello es que se persiguen objetivos parciales, multiplicando actuaciones y exigiendo como contraprestación unos cuantiosos gastos que pagan todos los contribuyentes".

La protesta de los ingenieros de caminos adscritos a la Dirección General de Carreteras se produce dos meses después de una iniciativa similar de sus compañeros de Obras Hidráulicas ante la ministra de Medio Ambiente.

En este caso denunciaban que las carencias de organización y el traspaso de funciones a las sociedades estatales de aguas había conducido a que el control de las obras hidráulicas (presas, depuradoras, desaladoras, canalizaciones) no pueda realizarse con las debidas garantías, ya que no se puede ser a la vez promotor de una obra y supervisor de su calidad. Los funcionarios encargados de esta tarea se sentían incapaces de cumplir con la legalidad.