Ingenieros de Fomento acusan al ministerio de elegir los proyectos por objetivos políticos

Ochenta y ocho de los 220 ingenieros de caminos, canales y puertos que prestan su servicio en las distintas dependencias de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento han dirigido una carta a su titular, Rafael Arias-Salgado, en la que denuncian las "graves perversiones en el funcionamiento de su quehacer cotidiano que afectan a los principios de transparencia, eficacia y objetividad que deben presidir su labor". Aseguran que la rapidez en alcanzar objetivos políticos y la inexistencia de normas de igualdad para todas las autonomías "genera agravios comparativos".

El documento, entregado la pasada semana en el Registro General del ministerio, está avalado por 88 firmas, casi la mitad de la plantilla de los 220 ingenieros de caminos que trabajan en el área de carreteras, tanto en la sede central del Ministerio de Fomento como en las demarcaciones de carreteras repartidas por el territorio nacional. De los 220, 30 ocupan cargos de libre designación.Los funcionarios señalan que "independientemente del derecho de todo Gobierno a establecer legalmente el tamaño y funciones del sector público, se vienen produciendo desde 1995 [cuando ocupaba el ministerio José Borrell] como ya fue denunciado entonces y ha venido acentuándose progresivamente, graves perversiones en el funcionamiento real de su quehacer cotidiano, que afectan a los principios de transparencia, objetividad, responsabilidad y eficacia, que deben presidir su labor".

Ese trinomio dicen que se va reduciendo cada vez más hacia la eficacia, "entendida como rapidez en alcanzar determinados objetivos políticos y no de la línea más armonizadora que marca la Constitución en su artículo 28 ["Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general"] y 132 ["El Estado, mediante ley podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta de la riqueza y su más justa distribución, mediante la elaboración de proyectos, de acuerdo con las previsiones suministradas por las autonomías y los agentes sociales"].

Agravios comparativos

La ausencia de estos principios constitucionales en la práctica diaria del Ministerio de Fomento se evidencia, según los funcionarios ingenieros, en la "inexistencia cada vez mayor de normas técnicas y estudios que garanticen la igualdad ante situaciones similares en todo el territorio". Esta situación se convierte en un foco de agravios comparativos entre las comuniades autónomas. Las más afectads por esta desigualdad serían Extremadura, Andalucía y Castilla y León.

"Se pueden hacer por pactos políticos autovías de diseño lujoso y coste muy elevado o autopistas no rentables, sin considerar que, si la no calidad tiene un coste, la sobrecalidad también lo tiene", dicen en la carta remitida al ministro Arias-Salgado.

En la misiva no hacen referencia alguna a proyectos concretos en los que no se hayan considerado criterios objetivos. Sin embargo, fuentes del Departamento y del sector señalan como paradigma de autopista "estrictamente política", la que enlazará Santiago de Compostela con Lalín, el municipio natal del Consejero de Obras Públicas de Galicia, Xosé Cuiña Crespo, que ha desempeñado hasta su renuncia reciente la secretaría general del Partido Popular gallego.

El corredor por el que discurre esta autovía tiene un tráfico diario inferior a los 6.000 vehículos y en algunos tramos menos de 4.000, una circulación muy alejada del parámetro que justifica la construcción de una vía de alta capacidad, situado en 10.000 vehículos diarios. La obra costará 51.000 millones.

Su escasa rentabilidad motivó que el 15 de junio pasado se declarara desierto el concurso para adjudicar su construcción y explotación como autopista de peaje. El pasado día 15 se firmó el contrato mediante una negociación directa con un consorcio al que la Xunta aporta 10.000 millones a fondo perdido y el Estado otros 10.000.

Otro ejemplo de decisión política y no técnica es el pago por parte del Estado del eje transversal de Cataluña (Lleida-Girona) que se ha construido por iniciativa de la Generalitat, sin que haya mediado la firma de ningún convenio como es práctica habitual en estos casos al no ser el Estado titular de la autovía. También se mencionan como injustificadas las prórrogas a los concesionarios de autopistas de peaje en determinados corredores (A-7 por Cataluña y la Comunidad Valenciana o la Sevilla-Cádiz), cuando el tráfico por las carreteras alternativas (N-340) está permanentemente congestionado y no se propone ninguna solución para evitarlo.