El PNV basa su propuesta soberanista en leer los derechos históricos en clave de autodeterminación

El PNV cree que los derechos históricos forales de las tres provincias vascas y de Navarra, que ampara la Constitución, pueden ser entendidos hoy en términos de autodeterminación. Éste es el eje de la propuesta soberanista cuya elaboración anunció en el Parlamento vasco el portavoz del partido, Joseba Egibar, y que hoy aprueba la ejecutiva del PNV. Fuentes peneuvistas la califican de "jurídicamente impecable", ya que se ancla en disposiciones constitucionales y estatutarias. Personas del entorno más inmediato del lehendakari, Juan José Ibarretxe, y miembros de su Gobierno que ya cumplieron un importante papel en la redacción de la Declaración de Barcelona han participado en su elaboración.

La Disposición Adicional Primera de la Constitución, que ampara los derechos históricos vascos; la Derogatoria que invalida, junto a las leyes franquistas, las que cerraron las dos guerras carlistas del siglo pasado; la Adicional única del Estatuto de Gernika, referida a la posibilidad de actualización de los derechos históricos y el artículo 2 del mismo Estatuto, que menciona el derecho de Navarra a unirse a las otras provincias, son los cuatro pilares jurídicos en los que el PNV ancla su propuesta soberanistaEl corazón del documento, que se añadirá a la ponencia que el partido aprobará en su asamblea general del próximo mes de enero, lo constituye la interpretación de que los derechos históricos de los territorios forales, amparados por la Constitución, el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero navarro, pueden entenderse y actualizarse hoy en términos de autodeterminación o lo que la Declaración de Lizarra acuñó como "ámbito vasco de decisión", y ambas como el reconocimiento a los vascos de una personalidad de sujeto político con capacidad de tomar decisiones sobre su futura relación con el Estado.

El documento constituye la respuesta del PNV tanto a la propuesta de EH de convocar unas elecciones de las que surja una Asamblea Constituyente en las provincias vascas de ambos lados de la frontera como a las reiteradas peticiones del PP y el PSOE a los nacionalistas para que concretasen su modelo. Egibar anunció que su partido se había puesto a trabajar en esta propuesta el pasado 23 de octubre en el Parlamento vasco, en medio de la polémica originada por la decisión del Gobierno de Vitoria de ignorar el vigésimo aniversario del Estatuto.

Fuentes del PNV indicaron ayer que el documento es "impecable y muy bien amarrado desde el punto de vista jurídico", ya que respeta el marco existente, para desde él ir a otro nuevo. Con igual contundencia aseguraron que, pese a anclarse en el actual entramado jurídico-político, el texto contiene una propuesta clara para rebasar sus bordes.

También descartaron que el texto incluya ninguna mención a la fórmula de un Estado Libre Asociado, cuyo ejemplo más conocido es el de Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. "No se habla de Estado Libre Asociado", negó ayer el propio presidente peneuvista, Xabier Arzalluz, desmintiendo a Abc, informa Aurora Intxausti. En la redacción del documento, y junto a miembros de la ejecutiva encabezados por Egibar, han intervenido personas de toda la confianza del lehendakari y miembros de su Gobierno.Una colaboración relevante ha sido la del consejero de Interior, Javier Balza, quien ya desempeñó parecida labor en la elaboración de la Declaración de Barcelona.

El PNV persigue tanto tener un instrumento para el contraste y el debate con sus socios de EH como dejar sentado ante su electorado que sus aspiraciones de futuro no implican la ruptura, sino la evolución posibilista desde el presente. Con el documento, el partido de Arzalluz pone sobre la mesa su propuesta para atravesar el umbral del derecho de autodeterminación entendido como un reconocimiento de soberanía, y ésta última como la capacidad, tanto en la comunidad autónoma como en Navarra partiendo del Amejoramiento del Fuero, de adoptar decisiones vinculantes. Éstas no tendrían por qué ser en principio plebiscitarias y podrían adoptarse desde las instituciones actualmente constituidas.

La mención a la derogación por la Constitución de las leyes que terminaron con las guerras carlistas en 1839 y 1876 se justifica en su fuerza simbólica como el reconocimiento de un conflicto que quedó irresuelto, afirmaron las fuentes consultadas. La Adicional Primera de la Constitución cobra valor porque ampara los derechos históricos forales, y la del Estatuto porque deja la puerta abierta a su actualización "de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico", sin precisar que este último deba ser el vigente, entiende el PNV.