El alcohol y el tabaco centrarán la lucha contra las drogas en España

El futuro de la lucha contra las drogas radica en la prevención. La nueva estrategia del Plan Nacional sobre Drogas, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, acentúa ese objetivo, fija entre sus blancos principales el alcohol y el tabaco y prevé apoyar la acción policial a través, por ejemplo, de la regulación de la figura del confidente. El real decreto establece metas que deben cumplirse antes de 2008, pero no menciona las narcosalas ni concreta costes.

El objetivo es modernizar la lucha contra las drogas, cuyos principios fueron fijados hace 15 años con la creación del Plan Nacional. Entonces la heroína era la máxima prioridad y paliar sus efectos consumía el 75% de los recursos asistenciales, reconoció ayer el ministro Jaime Mayor Oreja. Esa prioridad ha cambiado. La gran preocupación son los nuevos consumos ligados al fin de semana y a los más jóvenes. Para hacer frente a este problema y a todos los relacionados con las drogas, la estrategia -82 folios pactados con las comunidades autónomas- prevé las siguientes medidas: - Alcohol y tabaco. Las llamadas drogas legales recibirán "especial atención". Al plan le preocupa la tolerancia social que existe hacia estas sustancias, así como el hecho de que los jóvenes españoles empiezan a beber y fumar a una edad más temprana (13,5 años de media) que antes. El objetivo es que ésta se retrase seis meses antes de 2003 y un año en 2008. Para ello se reforzarán las políticas preventivas en los colegios. También se impulsarán los programas públicos de deshabituación. Con estas medidas, aún por concretar, el Gobierno pretende reducir en un 10% la población juvenil que fuma a diario en los próximos ocho años. En esa fecha los bebedores excesivos de la misma edad deben reducirse en un 20%. El plan también impulsará programas de desintoxicación de las otras drogas ligadas al fin de semana (cocaína, cuyo uso ha aumentado entre los jóvenes, y drogas de síntesis).

- Armas legales. El plan quiere perfeccionar la lucha policial contra el narcotráfico. Para ello dará cobertura legal a la figura del confidente. Este "colaborador de la justicia" gozará de una protección similar a la que ya tienen los testigos protegidos que pueden ocultar su nombre y domicilio tras un número o conseguir unos nuevos. El Gobierno potenciará además las actuaciones contra el consumo público de drogas y creará un Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas antes de 2003.

- Red asistencial. Todos los toxicómanos deben tener acceso a los servicios asistenciales. Los que deseen desengancharse, a los programas libres de drogas y los que no quieran o no puedan, a los de reducción del daño (intercambio de jeringuillas y reparto gratuito de condones, pero también las narcosalas que proyecta poner en marcha la Comunidad de Madrid el próximo año.)

Todos los servicios, sean públicos o privados, fijos o ambulatorios, deben estar acreditados y actuar de forma coordinada. Cinco cárceles contarán en 2003 con comunidades terapéuticas y todos los centros penitenciarios impulsarán los programas preventivos y de reducción del daño.

- Prevención. Es la "estrategia más importante". Hasta ahora el plan centraba sus esfuerzos en el ámbito educativo y familiar. Estos dos pilares serán reforzados y entrará un tercero: el laboral. Para ello el Gobierno quiere contar con los sindicatos y la patronal.

Todos los profesores de enseñanza obligatoria recibirán formación sobre drogodepencias. La meta es llegar a toda la plantilla en 2008. Las ocho comunidades que aún no tienen ley de prevención de drogas, deberán elaborarla antes de cinco años y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes también deberán contar con su propio plan en 2008.

La nueva estrategia exige un esfuerzo presupuestario que no ha sido cuantificado, explicó Robles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El presupuesto del plan para este año fue de 31.000 millones de pesetas.

De seguir en el cargo en los próximos años, Robles adquirirá el rango de secretario de Estado, si bien mantendrá el nombre actual de delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.