Asuntos Sociales frena el padrón de inmigrantes por la Ley de Extranjería

Los inmigrantes indocumentados que residen en Andalucía no podrán registrarse en los ayuntamientos, medida emprendida por la Junta para asegurarles el acceso a servicios básicos y regularizar su situación. La Ley de Extranjería, tras las 112 enmiendas del PP, deja esta iniciativa sin sentido, según el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, quien anunció ayer en Cádiz que se suspenderá la campaña de empadronamiento para no facilitar el control del Gobierno a los trabajadores sin documentación.

"Me veré obligado a que si el texto de la Ley, definitivamente, deja en situación de absoluta ilegalidad, como los llama el PP, a los que no tienen papeles, nosotros suspenderemos definitivamente la campaña de empadronamiento porque no tiene ningún sentido". El consejero advirtió: "No vamos a colaborar con el Gobierno de la nación a que afloren aquellos que, sin papeles, se pueden encontrar en situación de grave riesgo de ser expulsados por el simple hecho de no tener documentación". La Junta renuncia a ser "la policía de Europa", según el consejero, que entiende la Ley como un triunfo del ala de la "estructura económica y la derecha más reaccionaria" del Gobierno, en la que sitúa a Rodrigo Rato, Abel Matutes y Jaime Mayor Oreja.La Ley de Extranjería, que el Senado devolvió ayer al Parlamento después de la aprobación, con los votos del PP y de CiU, de 112 enmiendas, es un documento que, tras "la poda" a que ha sido sometida por el PP, ha perdido su carácter social y su empeño práctico, según los colectivos sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración.

Estos colectivos, la noche del jueves, lograron reunir en Cádiz a casi un millar de personas, que se manifestaron contra esa iniciativa parlamentaria. "No vamos a colaborar en algo que no es el espíritu de lo que habíamos planteado. Es necesario normalizar a los que no tienen papeles, porque trabajan y viven en España", añadió el consejero.

Pérez Saldaña recordó que el proyecto inicial había sido consensuado con todas las organizaciones sociales y con la propia comunidad andaluza, que, a partir de entonces, articuló la iniciativa del empadronamiento en los municipios para facilitar que los inmigrantes pudieran demostrar, llegado el momento, el precepto de "arraigo a la población" recogido en el primer texto.

Durante 1999, solicitaron su regulación laboral 14.000 inmigrantes residentes en Andalucía. La lograron 4.200, según los datos facilitados ayer por el consejero de Asuntos Sociales. "El resto queda en situación alegal, pero podía haber aflorado mucha economía sumergida y evitado muchas de las actitudes de maltrato, como es la esclavitud que supone que la gente trabaje sin contrato, sobre todo en la provincia de Almería", dijo.