El Gobierno intenta ahora reducir la mayoría necesaria para aprobar la Ley de Extranjería

El Gobierno asumió ayer que probablemente no tendrá los votos necesarios para que el pleno del Congreso ratifique el miércoles la contrarreforma de la Ley de Extranjería aprobada ayer en el Senado y empezó a preparar su estrategia para minimizar los daños de lo que se perfila como su más severa derrota parlamentaria de la legislatura. El PP cuenta con el respaldo de CiU, pero necesita que también le apoye Coalición Canaria, que el lunes decidirá su posición definitiva. El portavoz del Grupo Popular, Esteban González Pons, presentó por sorpresa un escrito en el que pide un informe jurídico que determine qué artículos del proyecto tienen rango orgánico. A su juicio, sólo estos artículos deberían ser ratificados por mayoría absoluta.

Para los demás artículos basta la mayoría simple de la que dispone el PP con el apoyo de los nacionalistas catalanes. González Pons alegó que hay precedentes, entre los que citó la Ley del Jurado, de votación separada de artículos orgánicos y no orgánicos, con exigencia de mayorías diferentes.De culminar esta operación, el resultado sería una ley pastiche, con retales procedentes del texto que aprobó el Congreso el 25 de noviembre -los que tengan carácter orgánico-, y del pactado por CiU y PP en el Senado, los restantes. Fuentes jurídicas indicaron ayer, sin embargo, que el artículo 132 del Reglamento del Congreso es categórico en que el conjunto del texto, con las modificaciones del Senado, debe ser ratificado por mayoría absoluta, pues de lo contrario entrará en vigor el proyecto inicial de la Cámara baja.

El Grupo Popular presentó su petición después de que se frustrase el intento de introducir ayer mismo, durante el debate en pleno, 11 enmiendas transaccionales que contenían mejoras para los inmigrantes. La principal es la que permitía regularizar su situación a todos los extranjeros que acreditasen encontrarse en España antes del 15 de noviembre pasado. El proyecto original fijaba dicha fecha en el 1 de junio, mientras que el pacto PP-CiU la retrotrajo al 1 de enero de 1999, por lo que sus promotores alegaron que la enmienda mejoraba el texto del Congreso. Las 11 transaccionales fueron negociadas por el portavoz del Grupo Catalán, Josep López de Lerma, y el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. Aunque Coalición Canaria (CC), destinataria última de estas concesiones, no se comprometió con ellas, su portavoz, José Carlos Mauricio, fue informado por López de Lerma.

Pero la improvisación que ha rodeado la tramitación de la ley en el Senado jugó una mala pasada al PP y CiU. Para introducir cambios de última hora, populares y nacionalistas catalanes necesitaban la firma de un tercer grupo y ni el Mixto ni el PNV se prestaron a ello. Esta negativa trastocó los planes del PP, cuyo portavoz tachó de "hecho lamentable" que el Grupo Mixto, "por primera vez en esta legislatura", se negase a prestar su "firma de cortesía" para tramitar una enmienda. González Pons aseguró que el portavoz peneuvista, Joseba Zubia, se mostró dispuesto a colaborar para dar luego marcha atrás ante las "amenazas" del PSOE e IU. Zubia las negó y acusó al PP de trasladar a los demás sus responsabilidades.

López de Lerma y González Pons acusaron de "irresponsabilidad" a los demás grupos por impedir la regularización de 80.000 inmigrantes, sin explicar de dónde sale esa cifra, si se refiere a los que entraron en España antes del 1 de enero, del 1 de junio o del 15 de noviembre. Juan José Laborda (PSOE) admitió que esta enmienda era un avance, pero advirtió de que se trataba de "un cebo para sacar adelante" los demás recortes.

La confusión del debate se llevó por delante incluso la transaccional que PP y CiU habían preparado para ofrecerla a CC, cuya única enmienda pedía una comisión bilateral para conocer con antelación las medidas sobre inmigración que afecten al archipiélago.

Con el rechazo a la enmienda de CC, desapareció cualquier justificación para que los nacionalistas canarios apoyen el miércoles al Gobierno en el Congreso. Lo único que puede ofrecer el PP es la retirada de algunas modificaciones que ha introducido en el Senado, votando contra sí mismo.