Los jefes de Hacienda en Cataluña dieron trato de favor al ex juez Estevill
Javier de la Rosa no fue el único personaje importante que consiguió un trato de favor de la inspección de Hacienda. El ex juez Luis Pascual Estevill, actualmente en libertad bajo fianza, también consiguió que la cúpula de la inspección en Cataluña impidiese que fuera investigado por haber aflorado más de 70 millones de pesetas en transmisiones de crédito. Los hechos tuvieron lugar en 1991, cuando el máximo responsable de la inspección era José María Huguet, quien llegó a tener negocios con amigos y socios del ex juez.
En febrero de 1991, el responsable de selección de los contribuyentes a inspeccionar propuso incluir en el plan de inspección a Luis Pascual Estevill. El motivo, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, era que el entonces ex abogado y ya juez en la localidad barcelonesa de Terrassa era "titular de transmisiones de crédito por importe de 70 millones de pesetas". Pocos meses después, el 17 de julio de ese mismo año 1991, y como consecuencia de la decisión de inspeccionarle, el inspector jefe adjunto de Selección y Comprobación, emitió una orden de servicio a una inspectora para que comenzase las actuaciones para comprobar la situación fiscal de Estevill.
Sin embargo, tras la diligencia de inspección inicial, es decir cuando el contribuyente tuvo las primeras señales de que iba a ser inspeccionado, los responsables de la inspección ordenaron a la inspectora encargada del caso la "baja absoluta" en el plan de inspección del juez Estevill.
Esto se produjo el 19 de noviembre de 1991, y el motivo alegado fue "exceso de competencias". En la documentación disponible aparece la firma de un inspector jefe adjunto pero, en contra de lo que acostumbra a ser habitual, la firma no está identificada.
En cualquier caso, según las fuentes consultadas, se trata de un inspector adjunto al que en esa época era el máximo responsable de la inspección en Cataluña, José María Huguet. Como se ha puesto de manifiesto durante la investigación del caso, Huguet tuvo relaciones empresariales con personas del entorno de Estevill, en especial con su asesor fiscal Antonio Anton.
Huguet y Anton llegaron a ser socios en un conocido restaurante de la zona marítima de Barcelona. Huguet también coincidió con Anton, en los inicios de su carrera como inspector, en el sector del cava, uno de los que actualmente está siendo investigado a fin de verificar si en este también se produjeron irregularidades como las detectadas en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria.
La paralización de esa inspección resultó de enorme ayuda para el ex juez. En enero pasado, Estevill fue juzgado y condenado a siete años de prisión por delitos fiscales cometidos durante los años 1989, 1991 y 1993. Sin embargo, el tribunal consideró prescritos los delitos fiscales cometidos en el año 1988 porque "estaba prescrito al iniciarse el proceso" judicial, abierto por este tema contra el ex juez en el año 1996 por el Tribunal Supremo. Fue además en ese año 1998 en el que se produjo la defraudación más voluminosa, 238 millones de pesetas.
Fuentes cercanas a la investigación del caso sobre la corrupción en la delegación de Hacienda de Cataluña han asegurado que esa prescripción no estaría ahora en discusión si no se hubiese paralizado esa primera inspección a Estevill en el año 1991.
El entonces responsable de la inspección, Huguet, está imputado por presuntos delitos de cohecho por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del caso Torras. La imputación se produjo tras conocerse que él y su socio Ernesto de Aguiar, ex delegado especial en Cataluña y ex director general de Hacienda, había reecibido cientos de millones en cuentas suizas a su nombre. La mayor parte de ese dinero procedía de cuentas controladas por Javier de la Rosa o el abogado Juan José Folchi.
Estevill, por su parte, se encuentra en situación de libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas en el caso en el que se le imputan varios delitos de cohecho. Asimismo, está condenado por fraude fiscal por la Audiencia de Barcelona, aunque la sentencia no es firme al haber sido recurrida.
