Los obispos andaluces piden a la Conferencia Episcopal que reclame al Gobierno la paralización de la ley de Cajas

Los máximos representantes de la Iglesia en Andalucía han decidido amparar el rechazo a la ley autonómica de cajas de ahorro (aprobada por el Parlamento hace quince días) que ya expresó el obispo de Córdoba, Javier Martínez. En un documento elaborado la pasada semana, los 10 obispos andaluces exigen a la Conferencia Episcopal que tome cartas en el asunto y se dirija al Gobierno para que paralice la nueva norma (que aún no ha entrado en vigor) y preservar así las "singularidades" de CajaSur, la entidad de ahorros fundada en 1864 por el cabildo catedralicio de Córdoba.La ley andaluza de cajas de ahorro equiparaba la representación de la Iglesia en la Asamblea y el Consejo de Administración a la de las entidades fundadoras en las otras cinco cajas de la región (el 9%, cuando el cabildo catedralicio tenía hasta ahora el 35%) y establecía en 70 años la edad de jubilación de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas; El sacerdote Miguel Castillejo, presidente de CajaSur, tendrá que cesar por este motivo. La Iglesia también tenía, hasta la aprobación de la ley, la potestad para elegir el máximo representante de la entidad: Castillejo lleva 26 años en el cargo.

En una nota, justo antes de debate en la Cámara andaluza, Javier Martínez ya tildó la ley de "injerencia del Estado" y la acusó de propiciar "una cultura totalitaria". Según el documento publicado ayer por El Mundo , ahora los diez obispos de la región quieren que la Conferencia Episcopal ampare su rechazo a la ley autonómica. Los máximos representantes de la Iglesia católica en Andalucía consideran que la norma autonómica vulnera el acuerto de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español, que recogía las peculiaridades de CajaSur. También creen que la ley va contra la disposición de la ley orgánica de cajas de ahorro (Lorca), de 1985, en la que se reflejaba ese acuerdo.

"La ley respeta escrupulosamente la Constitución y las singularidades de la Iglesia en CajaSur", replicó ayer el portavoz de la Junta de Andalucía, Rafael Camacho. Camacho, quien recordó que "no hay más derechos que esgrimir que los del ordenamiento jurídico vigente", aseguró que el Ejecutivo autonómico "sigue manteniendo buenas relaciones con la Iglesia". El presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, incluso, llegó a entrevistarse con el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo para rebajar los recelos sobre la ley

En el Ejecutico andaluz la iniciativa de los obispos andaluces ha sido considerada "insólita" y ha causado extrañeza. "Si la Iglesia se considera perjudicada, está en todo su derecho de acudir a los tribunales", explicó Camacho. La Junta "no comprende" por qué se "quiere implicar al Gobierno de la nación".

Los obispos no sólo reclaman a la Conferencia Episcopal que exiga al Gobierno que use "su competencia" para paralizar cautelarmente la ley y evitar una situación de "inseguridad jurídica" para la Iglesia. Tampoco descartan que el Obispado de Córdoba interponga, en el futuro, recursos en tribunales contencioso-administrativos o civiles contra la norma andaluza.