El Gobierno andaluz requiere a Fomento para que anule la venta de Onda Cero a Telefónica

La Junta de Andalucía está dispuesta a que se respeten sus competencias en materia de medios de comunicación. El consejo de gobierno aprobó ayer un requerimiento para que Fomento anule la autorización de la venta de Onda Cero a Telefónica, al entender que esa competencia es autonómica; y si no es atendido, planteará un recurso de competencia ante el Constitucional. El PP de Andalucía saludó la iniciativa del gobierno autónomo como una reacción "histérica" del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, por perder el control sobre medios de comunicación.

Una treintena de emisoras de Onda Cero se encuentra en Andalucía. Para la Junta, las competencias relacionadas con la transmisión de las mismas le corresponden al gobierno andaluz. Sin embargo, el Ministerio de Fomento autorizó la transmisión de 748.848 acciones de la sociedad Uniprex, que era propiedad de la ONCE, a Telefónica Media, SA, y eso bastó para consumar la operación en toda España. Además, la venta se aprobó en julio, pero la Junta afirma no haber tenido comunicación oficial de la misma hasta octubre.Para el portavoz del Gobierno regional, Rafael Camacho, esa autorización "debió haberse otorgado" desde la Consejería de Presidencia de la Junta, en vez de emitirse desde la secretaría general de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. Tal actuación "vulnera el orden competencial" establecido en las leyes, según el portavoz del Gobierno andaluz, quien cita el artículo 149.1.27 de la Constitución (que reserva al Estado las competencias en prensa, radio y televisión "sin perjuicio" de las facultades que "correspondan a las comunidades autónomas"; y el 16 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que se establece el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de la radio y la televisión.

Tampoco se habría respetado la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que atribuye a las comunidades la facultad de conceder los servicios de radio en frecuencia modulada. Y también condiciona al permiso de la Administración cualquier cambio en la titularidad de las acciones. La Junta esgrime igualmente el decreto 75/1989 del 4 de abril, que regula la concesión de emisoras de FM, en el que se establece que cualquier cambio en la titularidad de las acciones debe ser autorizado por el consejero de la Presidencia. Con dichos argumentos jurídicos, la Junta requiere al Gobierno para que reconozca su incompetencia en este asunto y anule en su totalidad la resolución de Fomento.

Por su parte, el secretario general de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, José Manuel Villar, considera que el Estado es el que debe coordinar la transmisión de acciones de una sociedad cuando ésta dispone de concesiones en distintas comunidades autónomas. De no procederse así, "la transmisión de las acciones de una sociedad podría producir efectos en Andalucía y no en Galicia, por ejemplo; y esto sería contrario a las más elementales reglas de actuación de una compañía mercantil". Villar aseguró que la Junta fue informada antes y después del traspaso de acciones de Onda Cero a Telefónica.

El Partido Popular en Andalucía ha contribuido a esta polémica con una aportación del secretario general del grupo parlamentario popular, Rafael Salas, quien calificó de "reacción histérica y enrabietada" las acciones jurídicas aprobadas horas antes por el Ejecutivo regional sobre la venta de Onda Cero a Telefónica. El dirigente del PP atribuyó la iniciativa de la Junta a "un intento de extender el sectarismo y el servilismo de Canal Sur a todos los medios de comunicación".