La sociedad de Lagier implicada en el contrato con Ford apenas registra actividad desde 1996

La empresa francesa Apod, implicada en el contrato firmado por Ford y el Instituto Valenciano de la Exportación como destinataria en la Unión Europea de los materiales industriales comprados por la entidad pública en Túnez, está en virtual bancarrota desde 1996. El registro mercantil francés recoge una observación fechada el 15 de enero de 1997, según la cual la asamblea general de Apod decidió dos meses antes mantener viva la sociedad "a pesar de que su activo neto ha resultado inferior a la mitad de su capital social", que asciende a siete millones de pesetas.

El contrato firmado entre el Ivex y Ford en julio de 1995 comprometía a la entidad pública a comprar materiales industriales producidos en Túnez y a venderlos por el mismo precio a sociedades radicadas en la Unión Europea para generar los derechos de compensación que exigen las autoridades del país magrebí antes de importar vehículos producidos en la Comunidad Valenciana.Las sociedades implicadas en las primeras operaciones -Sonotube y Smac en Túnez, y Apod en Francia- son todas propiedad de Jean Luc Lagier, el empresario demandado por la actual dirección del Ivex junto a su último director general, José María Tabares, como supuestos autores de un delito societario que habría provocado un quebranto económico a la entidad que fue cifrado en 1.049 millones y que fuentes oficiales reducen ahora a 800 millones de pesetas.

Los informes de la Sindicatura de Comptes relativos a los años 1996 y 1997 elevan a cerca de 1.500 millones de pesetas el valor total de las mercaderías compradas por el Ivex a las empresas tunecinas Sonotube y Smac, que producen materiales para expositores comerciales y muebles metálicos, respectivamente. Ambas sociedades funcionan con relativa solvencia en la actualidad y sumaron un volumen de facturación durante el año pasado superior a los 3.200 millones de pesetas.

El caso de Apod es otro. La sociedad francesa fue fundada en 1947 por Pierre Lagier, propietario del 99% de su capital social, que asciende desde su origen a siete millones de pesetas. Apod nació con vocación comercial y su actividad declarada es la compra y venta de objetos diversos, máquinas para remontes mecánicos y todo tipo de mobiliario.

Formalmente, Apod habría comprado al Ivex en 1996 y 1997 los materiales industriales producidos en Túnez por las empresas del propio Lagier, pero la Sindicatura de Comptes alerta sobre la ausencia de soporte documental de las operaciones correspondientes.

El activo circulante de la sociedad Apod al cierre del ejercicio de 1996 asciende, según los datos de la auditora Dun & Bradstreet -que baraja los datos mercantiles de un millón de sociedades en toda Europa-, a poco menos de 30 millones de pesetas. A finales de 1998, la cifra se había reducido a tres millones de pesetas, según las mismas fuentes.

Sin embargo, el registro mercantil francés cita una anotación de febrero de 1997, según la cual la asamblea general de Apod habría decidido en diciembre mantener viva la empresa a pesar de que su activo neto resultó inferior a la mitad del capital social de la sociedad. Un índice que refleja la práctica inactividad de la empresa.

Dun & Bradstreet advierte sobre la capacidad financiera negativa de la sociedad y elude comprometerse a la hora de ofrecer la solvencia crediticia de la empresa. Asegura carecer de datos sobre posibles problemas judiciales arrastrados por Apod y anuncia que los propietarios de la sociedad están interesados en vender su fondo de comercio.

El registro de la propiedad inmobiliaria en Francia apenas cita una propiedad a nombre de Jean Luc Lagier, en una localidad del centro de Francia.

El presunto delito societario que se imputa a Lagier y a Tabares fue resultado de una serie de operaciones entre la sociedad tunecina Sonotube y una segunda sociedad belga, Graficom, también propiedad del empresario francés. Dun & Bradstreet no ofrece ninguna información sobre Graficom. La sociedad belga de Lagier dejó de existir hace meses, según los actuales titulares de los teléfonos correspondientes a Graficom y ha resultado imposible seguir los movimientos de la empresa en Bélgica.

Según la versión oficial del presunto quebranto que sufre el Ivex, Graficom habría garantizado el pago de hasta 1.331 millones de pesetas a la empresa tunecina Sonotube a través de unas letras avaladas por la firma del último director general de la empresa pública de la Generalitat. Sonotube habría cobrado 1.049 millones, según la primera versión, descontando los efectos comerciales, que ahora exigen al Ivex las entidades financieras que han reclamado sin éxito a Graficom los pagos correspondientes. Lagier ha sido citado a declarar ante el juez en calidad de imputado el próximo día 23 de diciembre.

Fuentes del último consejo de administración del Ivex, que aseguran desconocer a Lagier, afirman, sin embargo, que era considerado un empresario solvente con buenas relaciones en el ámbito financiero y una capacidad crediticia reconocida.