Un contrato y 1,2 millones de pesetas de sanción

El absentismo escolar no justificado de sus hijos puede convertirse también en un asunto delicado para los padres británicos. Con cerca de un millón de menores -un 15% del total de escolarizados- haciendo novillos por lo menos un día al año, el Gobierno laborista ha decidido mostrarse firme con los adultos. No sólo tienen que firmar un "contrato" con el centro docente en virtud del cual se comprometen a llevar a los niños al colegio. Si éstos pierden días de clase sin motivo, los tribunales podrán imponer a sus progenitores multas de hasta 1,2 millones de pesetas. En casos extremos, incluso podrían acabar en la cárcel.Presentado a principios de curso como una forma de estrechar las relaciones entre escuelas y padres, el contrato abarca la enseñanza primaria y secundaria y obliga a ambas partes a preocuparse del menor. Las familias deben asegurarse, por ejemplo, de que los niños acudan al colegio con regularidad. Asistir a las reuniones de padres e interesarse por la evolución del pequeño figura también entre sus obligaciones. La supervisión paterna continúa en el hogar, donde deben ayudarles con sus deberes.

Una pesadilla

Firmados ya por millones de padres británicos, el incumplimiento de estos singulares contratos puede convertirse en una pesadilla para las familias. Según el ministro de Educación, David Blunkett, convencer a los niños de que vayan a clase es cosa de sus mayores. Aunque pueda resultar excitante para el menor, hacer novillos pone en peligro su educación. De convertirse en un hábito, acaba por inclinarles a la delincuencia juvenil, a veces por puro aburrimiento. Según el Ministerio del Interior, el 75% de los chicos y el 50% de las chicas menores de 18 años que se saltan las clases una vez a la semana, "cometen más delitos que el resto de los jóvenes de su edad".

Educación subraya que la prisión es el último recurso en casos flagrantes. "Sólo para padres que ni siquiera se levantan de la cama o dan de desayunar a la prole antes de la hora en que deben acudir a clase".

Los sindicatos y muchas familias no están tan de acuerdo. Los primeros, porque no creen que penalizar al adulto vaya a mejorar el comportamiento del hijo. Las otras, porque muchas veces se ven incapaces de controlar a adolescentes. Sin olvidar el círculo vicioso en que están atrapados muchos menores. Cuando son expulsados de una escuela resulta muy difícil que otra nueva les admita.