El fiscal pide que se investigue al asilo Levante por detención ilegal

El ministerio fiscal ha solicitado que se investigue a los propietarios de la residencia ilegal de la tercera edad Levante, de Formentera de Segura (La Vega Baja), por los supuestos delitos de detención ilegal y trato degradante a los ancianos del asilo. En este centro, clausurado por la Consejería de Bienestar Social, murieron el pasado año 25 de los 35 ancianos internados.El fiscal del servicio de protección del deficiente y enfermos mentales de la Audiencia Provincial de Alicante, remitió ayer a los juzgados de Orihuela un escrito en el que solicita la apertura de diligencias preventivas contra los responsables de la residencia porque, a su juicio, existen indicios delictivos en el desarrollo de la actividad del centro.

El fiscal señaló que los presuntos delitos sobre los que considera que se debe investigar para depurar posibles responsabilidades penales son los de detención ilegal y trato degrandante. "Ello no quiere decir que, posteriormente, vayamos a mantener una acusación en este sentido. Todo dependerá de los resultados de las diligencias y pruebas que se practiquen", señaló el fiscal, quien declinó hacer más comentarios sobre su decisión ni en que hechos basa la imputación de detención ilegal.

Informe forense

Sin embargo, otras fuentes de la Fiscalía aseguraron que la detención ilegal podría estar relacionada con el internamiento de un anciano discapacitado, que carecía de la pertinente autorización judicial para ingresar en el centro y que, pese a sus reiteradas peticiones de dejar el asilo, la dirección del geriátrico no lo permitió. Asimismo, la Fiscalía solicitará al juzgado que se haga cargo de la instrucción del sumario que un forense examine a los ancianos que estuvieron acogidos en el asilo, para determinar si fueron objeto de lesiones físicas.

El escrito del fiscal se basa, en gran medida, en las conclusiones y datos del informe que elaboró la Consejería de Bienestar Social y que llevó a este departamento a clausurar el centro. En ese documento se relatan una serie de deficiencias de la residencia, especialmente en lo relativo a la asistencia sanitaria a los ancianos y otros aspectos relacionados con la higiene, alimentación y seguridad.

En principio, la fiscalía ha exonerado a la Administración y considera que de haber responsabilidades penales éstas recaerán sobre los propietarios del geriátrico. Igualmente, la Fiscalía descarta que el alto número de fallecimientos registrados en la residencia, que funcionaba sin autorización oficial, pueda ser imputado directamente a los propietarios, dado que una mayoría de los internos ingresó en estado prácticamente terminal.

Por último, la Fiscalía mantiene que la ilegalidad en la que se encontraba el asilo deberá ser objeto de un expedientes administrativo, al margen de la vía penal.