Fondos reservados

Todo el gasto público ha de tener su justificante; con una excepción: la que atañe a los gastos reservados, de los que se puede disponer sin justificante y sin que generen apunte contable. Hasta la democracia, todos los ministros tenían una partida de gastos reservados; desde la democracia, sólo cuatro responsables de gasto tenían y tienen este tipo de partidas: el presidente del Gobierno y los ministros de Exteriores, Defensa e Interior. Y eso era todo: ni eran ni son secretos, en su cuantía, porque estaban y siguen estando en el presupuesto; ni autorizaban para cualquier cosa ni para nada en concreto. En la actualidad, y por el escándalo surgido con motivo de algunas disposiciones de este gasto que han sido conocidas, hay una minicomisión del Congreso que algo se entera de su destino, aunque es reservada y desconozco el alcance o precisión de ese conocimiento; se trata, por tanto, de un control político, en relación con un instrumento político, por el que se da confianza a unos agentes políticos (ministros) para gastar sin dar cuenta; es una confianza política, dada por quien tiene el poder de regulación del gasto: el Congreso y el Senado.Por supuesto que quien gasta lo reservado está sujeto a la Constitución y las leyes. Pero aquí viene la esencia, en ningún lugar expresa, de esta institución: se supone o se puede colegir que al menos una parte de ese gasto comportará algún tipo de irregularidad o ilegalidad; por ello la institución era y sigue siendo hondamente hipócrita. No autorizamos a hacer ilegalidades; pero eximimos del control para que no se produzcan. Y me refiero a supuestos de gasto que la gente suele dar como buenos, por ejemplo, por razones de seguridad: pagar espías, confidentes; sobornar a funcionarios extranjeros (policías, diplomáticos, políticos, agentes), periodistas, escritores, catedráticos, lo que sea; por seguridad. Es evidente que en tales casos no se puede hacer la retención por el IRPF o cargar el IVA, a veces, por cuantías que inciden en los supuestos de delito fiscal; tampoco el soborno, porque sea a extranjeros, se excluye de los supuestos del Código Penal; cuando existían los delitos monetarios, los pagos hacia afuera comportaban en ocasiones la comisión de tales delitos; y podríamos seguir. Es claro que las leyes no se declaran en suspenso, pero el valor entendido es el que es. Y, dado que, salvo puristas totales, la gente, la mayoría de los políticos, entiende que estas prácticas son convenientes o necesarias, parece razonable dar por supuesto que esta hipócrita institución será interpretada y apreciada con cierta dosis de hipocresía.

Lo que ocurre es que la gente, los medios, la oposición o quien quiera que sea puede no estar de acuerdo con la disposición concreta que haga un ministro, si llega a conocerla; y algunos incluso se escandalizan, al menos con mucho griterío; muchos pueden pensar que la seguridad exige pagar chivatos, qué le vamos a hacer, pero no, por ejemplo, compensaciones a personas o funcionarios que incurren, por razones de seguridad u otras plausibles, en riesgos o responsabilidades especiales; pero la apreciación política de la oportunidad de ese gasto corresponde al responsable del mismo y el juicio que le afecte habrá de ser esencialmente político. También hay situaciones más extremas o que la gente estima menos aceptables: utilizar fondos reservados para pagar a un asesino, por razones de seguridad, no parece a mucha gente aceptable, pero lo que está mal es el asesinato, no tanto la utilización de los fondos. O la utilización de los fondos en exclusivo beneficio del propio responsable; podrá haber quizá un delito de apropiación indebida, que traspasa los límites de lo tolerable.

Quien dispone de fondos reservados tiene una grave carga sobre sus espaldas; se da por supuesto que va a hacer o debe hacer cosas prohibidas. Estimo que la hipocresía de la institución requiere cierta hipócrita comprensión con las personas que tienen esta carga; está bien que haya un mayor control político, compatible con la discreción; en cuanto a los límites infranqueables, ¿por qué los políticos, el poder legislativo, no los fijan de manera tajante y razonablemente clara, pública o reservada para que el responsable tenga alguna idea de esos límites, aparte de los que le dicte su propia conciencia y criterio?; por ejemplo, no matar; u otros.