Interior dirige las enmiendas del PP en el Senado para endurecer la Ley de Extranjería

El Ministerio del Interior ha asumido el control de la reforma de la Ley de Extranjería, que el PP pretende modificar sustancialmente en el Senado con apoyo de CiU. Tras haberse desentendido durante meses de una iniciativa que creía abocada al fracaso, el subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo, fue ayer tarde a la Cámara alta para supervisar las 111 enmiendas que el PP presentó a última hora, apurando el plazo que concluía a medianoche. Un portavoz de dicho grupo dijo anoche que en la reunión estuvieron también altos cargos de Exteriores, Trabajo y Economía, cuya identidad silenció.

El PP demoró la presentación de sus propuestas para evitar que trascendiera su contenido, aunque ya se ha comprometido a suavizarlas mediante enmiendas transaccionales que negocia con CiU. Los nacionalistas catalanes y el PSOE no han presentado enmiendas, IU ha presentado dos y Coalición Canaria, una.El portavoz popular en el Senado, Esteban González Pons, compareció ante la prensa para asegurar que su partido "nunca se ha planteado la posibilidad" de vetar el proyecto. Sus declaraciones causaron estupor, pues fuentes del PP admitían ayer mismo esa opción si no había acuerdo con CiU.

La renuncia al veto se debió al efecto contraproducente que podría tener. Lejos de aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta la próxima legislatura, como sostenían senadores del PP, esta decisión podía haber llevado a la ratificación del texto que aprobó el Congreso sin modificación alguna.

Aunque el PP pretendía contar con el aval previo de CiU para sus enmiendas, ambos grupos acordaron que el eventual acuerdo se plasme mediante la presentación de transaccionales durante el debate en Comisión del próximo viernes y en pleno la semana que viene. La reunión que el portavoz del Grupo Catalán, Josep López de Lerma, mantuvo el pasado jueves con el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, y el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, concluyó sin un acuerdo global, pero con avances. El intercambio de propuestas no ha cesado en estos días y está previsto un nuevo encuentro mañana. En cambio, CiU no acudirá a la reunión de hoy de la ponencia del Senado para discutir las enmiendas de los distintos grupos.

El propio presidente catalán, Jordi Pujol, lamentó ayer desde Nueva Delhi, donde está en viaje oficial, que aún no haya acuerdo sobre este "gran tema" aunque sugirió que ello podría deberse a que el protagonismo de la negociación ha recaído en el PP más que en el Gobierno. Para Pujol es esencial que se facilite el reagrupamiento familiar de los inmigrantes, que se respeten sus derechos individuales y sociales y que se potencie su integración. "Si la nueva Ley no aporta mejoras importantes en estos temas, vale más que no se haga", subrayó.

El reagrupamiento familiar sigue siendo uno de los escollos para el acuerdo. Interior cree que el texto aprobado por el Congreso es demasiado generoso y propiciaría matrimonios de conveniencia al otorgar automáticamente la residencia a los cónyuges, por lo que exige un periodo mínimo de convivencia de unos dos años. También discrepa de que se reconozca este derecho a los ascendientes del inmigrante y a otros parientes que dependan económicamente de él.

Más acercamiento ha habido en cuanto a los derechos sociales de los inmigrantes, pues el Gobierno se ha mostrado dispuesto a reconocer en algunos supuestos el acceso a la sanidad y a la educación de los irregulares, aunque dejando claro que no pueden homologarse a quienes tengan el permiso de residencia.

Sobre la necesidad de justificar la denegación de visado, que el Gobierno rechaza por temor a que abra la posibilidad de recurrir a los tribunales, el acuerdo consistiría en reducirla a una justificación sucinta, de forma que bastase con remitirse a algún motivo prefijado. A cambio, CiU aceptaría que no bastase con estar dos años empadronado para tener permiso de residencia, sino que se exigiera haber estado alguna vez en situación legal o, al menos, haberlo pedido.

Ya hay acuerdo en otros puntos, como la exclusión de los tribunales en los procedimientos que afecten a menores o el mantenimiento del régimen sancionador de la vigente ley, en vez del que aprobó el Congreso, aunque añadiéndole la reforma del Código Penal sobre las mafias que trafican con inmigrantes.

Respecto a la participación de las autonomías en el Consejo Superior de Política de Inmigración, que el Gobierno rechaza, CiU aduce que muchas de las prestaciones sociales de las que se beneficiarán los inmigrantes las financian las comunidades, aunque se muestra dispuesta a admitir que es una competencia exclusiva del Estado.

Modificar el asilo

Un extremo que causó especial irritación en el Grupo Catalán es la pretensión del Gobierno de aprovechar la tramitación de la Ley de Extranjería en el Senado para modificar la Ley de Asilo y Refugio de 1984 en sentido restrictivo. Interior alega que España está obligada a ello por los compromisos de la cumbre europea de Tampere, mientras CiU replica que bastante difícil es ya un acuerdo sobre la Ley de Extranjería para añadirle además la de Asilo.

En todo caso, López de Lerma, en declaraciones a Europa Press, consideró ayer "altamente positivo" que Álvarez Cascos se mostrase dispuesto el lunes a seguir negociando con CiU. Pujol ya adelantó el domingo en una entrevista a La Vanguardia el previsible desenlace de esta historia: "Probablemente tendremos una ley que será mucho mejor que la actual, pero que no dará entera satisfacción a todas las partes implicadas. CiU tendrá el mérito indiscutible del progreso que representará la nueva ley, pero no necesariamente el reconocimiento que se merece. Puede que tenga incluso críticas de ambos lados."