Egevasa aspira a la concesión del servicio de aguas potables para la ciudad de Valencia

La distribución de aguas potables en la ciudad de Valencia constituye una oportunidad de negocio en el que se barajan cifras bimillonarias. Los grandes grupos especializados en la materia están pendientes de la modalidad de concurso que decida el Ayuntamiento de Valencia para garantizar la prestación del servicio a partir de marzo del año 2002, cuando expira la adjudicación centenaria a la sociedad Aguas de Valencia. Entre los interesados se cuenta la sociedad Egevasa, vinculada a la Diputación de Valencia e inmersa en un ambicioso plan de crecimiento.

La Diputación de Valencia aprobó en junio del año pasado la entrada de la iniciativa privada en la sociedad Egevasa, hasta entonces dedicada esencialmente a la depuración de aguas en el ámbito de la provincia. La Diputación mantiene el control del 51% del capital de la sociedad. El 49% restante está repartido entre la constructora Lubasa; la empresa Fomento Agrícola de Castellón, SA (FACSA); el BSCH y Bancaixa.Un acuerdo entre la Consejería de Obras Públicas y la Diputación de Valencia, vigente desde hace 20 años, ha cedido a Egevasa todas las depuradoras construidas con una importante aportación pública -entre el 40 y el 60% de los costes totales- en la provincia de Valencia. Sólo durante 1998 se construyeron 27 plantas depuradoras con una inversión pública de 2.000 millones de pesetas. La sociedad controla así más de un centenar de depuradoras en la provincia, que han tratado más de 18 hectómetros de aguas residuales durante 1998. El consumo de agua en los hogares del conjunto de la Comunidad Valenciana supera los 250 hectómetros anuales.

Los presupuestos de inversión de Egevasa para 1999 se elevaron a 3.767 millones. Los fondos fueron destinados a construir nuevas depuradoras, a atender mejoras del servicio en pequeñas localidades y, sobre todo, a poner en marcha el denominado plan provincial de abastecimientos, un proyecto que prevé la inversión de más de 10.000 millones a lo largo de los próximos cinco años para optimizar la red de abastecimiento para un 30% de la población de la provincia de Valencia.

Egevasa prevé una facturación a lo largo de este año en torno a los 6.800 millones de pesetas, ligeramente por encima de las previsiones. Sólo la cuarta parte corresponde a los beneficios que se desprenden de la gestión de depuradoras. Y es que la empresa tiene vocación de crecimiento en todo el ámbito relativo a la gestión de aguas.

Aurelio Hernández, presidente de Egevasa, explica que la empresa ha optado a todos los concursos municipales convocados para adjudicar los servicios de distribución de agua, en casi todos los casos en competencia con Aguas de Valencia, actual concesionaria del servicio de aguas en la ciudad de Valencia.

De hecho, Egevasa es la empresa que controla el mayor número de infraestructuras municipales de abastecimiento de agua en la provincia, en su mayoría pequeñas localidades. Ontinyent y Requena son los principales núcleos urbanos que sirve Egevasa en la provincia de Valencia, y ha extendido su red a Calpe, en Alicante, un concurso que ganó en compentencia con Aguas de Valencia.

Facsa, socio de Egevasa desde su parcial privatización, disfruta de la concesión del servicio en la ciudad de Castellón y en cerca de 40 municipios de su provincia. La práctica totalidad de los habitantes de la provincia reciben en sus casas agua gestionada por Facsa.

El concurso para adjudicar el servicio en la ciudad de Valencia a partir del año 2002 y durante un plazo de 50 años todavía no ha sido redactado. Existe la posibilidad de constituir una sociedad mixta con participación municipal o de mantener el sistema de concesión.

Desplazar a Aguas de Valencia como titular supondría compensar a la sociedad por las inversiones en activos a lo largo de los últimos 100 años, pero Hernández asegura que el pago de ese rescate será viable.

Egevasa nunca ha atendido núcleos urbanos de más de 500.000 de habitantes, pero ese posible requisito también se puede superar a través de una UTE en la que podrían participar sociedades como Urbaser, cuyo titular es el BSCH, o Iberdrola, cada vez más implicada en la gestión de aguas.