"Cambios esenciales" en la situación de los profesores

En el último año, el estatuto jurídico económico-administrativo de los 13.1000 profesores que enseñan religión católica en la escuela pública ha sufrido "dos cambios esenciales", según la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Se trata de la nueva relación laboral de esos profesores con la Administración, y de la regulación económica de ella. Han sido necesarias dos sentencias del Tribunal Supremo para impulsar esos cambios.Los derechos y deberes de los profesores de religión están sujetos, según la Iglesia, al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 1979, y al convenio firmado entre la CEE y la Administración del Estado del 26 de febrero de este año.

Una selección anual

El meollo de la cuestión, y del conflicto, está en el derecho de propuesta anual que las diócesis disponen sobre cada profesor, reconocido en el artículo III del Acuerdo de 1979. Los obispos insisten en que "forma parte del ordenamiento jurídico español y es básico y anterior al derecho que surge de la designación del profesor para impartir la enseñanza de religión católica". "Es la Iglesia quien puede y debe garantizar la integridad de su doctrina y la identidad católica de sus profesores", dice la orientación pastoral de la CEE sobre "la enseñanza religiosa escolar". Sus consecuencias no dejan lugar a dudas: "Para velar por el cumplimiento de esta misión de enseñar en nombre de la Iglesia católica, el Acuerdo determinó como instrumento la propuesta anual".

Pero ese derecho de propuesta (o de rescisión) impide una relación laboral de carácter indefinido y, también, ahora que el profesor cobra del Estado aunque lo contrate la Iglesia, el que pueda ejercer su derecho a ser funcionario público. Y ambos derechos figuran también en el ordenamiento jurídico del Estado español.

"No se puede salvaguardar un derecho conculcando otro", subraya el profesor Antonio González Pérez, que acaba de terminar una huelga de hambre en defensa de su derecho a un contrato fijo. Después de 10 años de ejercer en un instituto de Móstoles (Madrid), este licenciado en Teología y en Ciencias de la Educación afirma que "el afán de las confesiones religiosas por controlar la enseñanza no puede convertir a los profesores en siervos temerosos de la jerarquía".