Sólo el 8% de las declaraciones de impacto ambiental en España son desfavorables

El impacto ambiental no ha sido un freno para la mayor parte de las grandes infraestructuras construidas en España entre 1988 y 1997. Sólo el 8% de las 3.701 declaraciones de impacto ambiental elaboradas en ese periodo ha arrojado un resultado desfavorable. En algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, no se ha publicado ninguna negativa desde 1989, y en otras, como la Comunidad Valenciana, hasta 1.246. Así lo revela un estudio, que atribuye las causas de este desfase a la dispersión autonómica y falta de concreción de la normativa española.

Para el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, José Trigueros, la cifra de declaraciones de impacto ambiental negativas es excesiva, ya que implica que el 8% de los promotores de los proyectos "carecen de conocimientos del medio natural".El estudio, dirigido por el ingeniero y premio nacional de Medio Ambiente Santiago Hernández con el patrocinio de la empresa farmacéutica Glaxo Wellcome, repasa uno a uno los 3.701 análisis del impacto ambiental efectuados desde 1986, año en que se introdujo en España la legislación europea que obliga a evaluar las repercusiones de una obra en el medio ambiente. Hasta 1986, el trazado de una autopista o la construcción de un embalse se ejecutaban sin más miras que el interés finalista de la obra, al margen de su impacto en el ecosistema y sus consecuencias futuras. A partir de ese año (aunque en algunas autonomías la asunción de la norma fue posterior) , esas intervenciones ya no se pueden hacer sin que previamente se elabore un informe sobre el encaje del proyecto con el medio ambiente y sin un posterior examen del mismo por parte de las administraciones públicas.

Un trámite que, desde el punto de vista normativo, el investigador Santiago Hernández observa con distancia: "Sin querer ridiculizar el problema, en la legislación española ni se indican los métodos ni hay controles de calidad objetivables". Para demostrarlo, Hernández echa mano de las legislaciones autonómicas y se encuentra con 23 tipos distintos de denominaciones para las evaluaciones ambientales.

"Dado que no encontramos razones objetivas para justificar tanta diversidad semántica, nos inclinamos a pensar que sea ésta -la diferenciación- la finalidad pretendida por los legisladores regionales. Está muy claro que este hecho diferencial no contribuye a aclarar las ideas ni facilita el cumplimiento de la legislación a proyectistas ni constructores", dice Hernández. "Existe un verdadero caos que impide saber cuál ha sido el criterio del legislador. Este capítulo necesita urgentemente un sosegado debate a nivel nacional", remacha el investigador.

En este capítulo del desorden, el estudio revela que existen 23 casos en que se ha emitido declaración favorable y desfavorable al mismo tiempo para dos partes del mismo estudio de impacto ambiental. Ese contradictorio pronunciamiento se ha registrado, según el estudio, en las comunidades de Andalucía (2 ocasiones), Cataluña (4), Galicia (3), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (13). El número de declaraciones de impacto ambiental en algunas autonomías es sorprendentemente reducido: así ocurre en Melilla (1), La Rioja (1), Cantabria (5), Baleares (8), Navarra (17) y Castilla-La Mancha (18) mientras sobresalen por lo contrario la Comunidad Valenciana, con 1.246, y Andalucía, con 803.

Largo silencio

Y para mayor asombro, ninguna de las obras proyectadas en Castilla-La Mancha, Melilla, Navarra, el País Vasco y La Rioja ha merecido un pronunciamiento desfavorable entre 1986 y 1997. Gracias a ello, la cifra de declaraciones negativas es limitada. La mayoría procede de Extremadura (31,4%). El resto oscila entre el 3% y el 6%, salvo Aragón (8,6%) y Murcia (11,5%).

Los proyectos que con más frecuencia se evalúan son los relacionados con la minería, las canteras y la ordenación del territorio (47%9), seguidos de lejos por las centrales térmicas, el transporte de energía, los residuos urbanos y tóxicos, presas, autovías, variantes y repoblaciones (32%). En un tercer nivel se sitúan los regadíos, las energías renovables, las depuradoras de aguas residuales, la industria química, autopistas y puertos.

El estudio también indaga el tiempo que invierte cada autonomía en hacer su trabajo. Hay marcas históricos, como el caso de 17 proyectos que han tardado más de cinco años; 50 han debido esperar más de cuatro años, y 123, más de tres. Las administraciones más lentas son Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, seguidas por el Estado.