Propuesta "in extremis"

Horas antes de que expirara el plazo autoconcedido por ETA para sentirse libre de asesinar y secuestrar, el PNV hacía ayer una oferta de acuerdo político, formalmente dirigida a HB, pero destinada en realidad a la organización terrorista, en un intento desesperado por detener el reloj. La oferta supone un paso más en el acercamiento del nacionalismo tradicional a posiciones que hasta hace poco sólo defendían ETA y HB.La situación del nacionalismo es en esta coyuntura extraordinariamente comprometida. ETA argumentó el inicio de la tregua por la evolución del PNV y EA hacia el soberanismo, y la suspendió porque consideraba que no habían evolucionado suficientemente en los 14 meses transcurridos. Por lo visto ayer, y en contra de lo que imaginó Arzalluz, es ETA la que recoge las nueces tras la movida producida en el seno del nacionalismo: cuestionamiento del Estatuto de Gernika y creación de un frente sobre bases programáticas radicales, blindado respecto a la violencia callejera (y ahora se verá si también respecto a la directamente terrorista). Que ETA consideraba imposible sacar más beneficios lo demuestra su prisa por romper la tregua sin esperar siquiera a conocer el contenido de la propuesta soberanista que anunció públicamente el portavoz del PNV, Joseba Egibar, en respuesta a otra planteada por ETA y que consideraba estrambótica.

Ahora el PNV viene a decir a ETA que acepta compartir, con algunas matizaciones, el programa de soberanía más territorialidad de la izquierda abertzale. Se trata de una nueva última concesión y de nuevo bajo chantaje. Es decir, algo que el PNV no se habría planteado sin la amenaza de ETA, pero que, una vez proclamada, asumirá íntegramente como propia, invocando su ideología fundacional. Esa dinámica empezó antes de la tregua, se agudizó mientras duró y se radicaliza ante el ultimátum de ETA.

La declaración del PNV comienza con la declaración de que ETA no tiene derecho a condicionar la política vasca o a tutelar "el proceso". Pero el resto del escrito revela más bien la porosidad del nacionalismo democrático al chantaje. Es contradictorio afirmar el rechazo "ético y moral" de la violencia y a continuación argumentar ese rechazo porque favorece al Gobierno. El PNV reitera que ETA mintió al acusarle de haber suscrito un compromiso para la creación de una estructura institucional común a toda Euskal Herria. Pero a renglón seguido proclama su decisión de apostar "inequívocamente por un ámbito jurídico-político que abarque a todos los vascos y contenga el respeto efectivo a su ser nacional", etcétera.

Pero hay dos cautelas que no figuraban en el documento de los encapuchados: la iniciativa toma como punto de partida "la realidad política y los marcos jurídicos vigentes"; es decir, el Estatuto de Gernika. Contra lo dicho alguna vez por Arzalluz, ésa es una diferencia esencial entre el plan Ardanza y el acuerdo de Lizarra, que pretendía iniciar un proceso constituyente partiendo de cero. La segunda cautela es el reconocimiento de la "pluralidad sociopolítica de Euskadi" y, por tanto, de la existencia de "otros proyectos políticos" que, se supone, tienen el mismo derecho a expresarse y buscar el voto. El documento reclama con énfasis su identificación "fundacional" con los principios soberanistas y con el ideal de una Euskal Herria unificada; se echa en falta un énfasis similar en la afirmación de que ni la política penitenciaria, el supuesto inmovilismo del Gobierno o cualquier otra causa política imaginable justifica la vuelta al asesinato.

Lo mismo cabe opinar del comunicado emitido anoche por la permanente de Lizarra. Lo que se dice en él, estableciendo una equidistancia entre los Gobiernos de Francia y España, así como los medios de comunicación, de un lado, y ETA, de otro, revela una cobardía moral extraordinaria. Pero lo más importante es lo que no dice. El PNV y EA, firmantes del papel junto a HB (no así IU), se abstienen de decir claramente a ETA que la existencia de ese conflicto político del que tanto hablan no justifica un solo tiro; que condicionar la paz a la aceptación de su diagnóstico y su propuesta no es democrático y ni siquiera decente; que, con independencia de las divergemcias que puedan existir, no hay motivo capaz de justificar la ruptura del alto el fuego.

Que haya independentistas no significa que quienes no lo son tengan que fingir serlo para sobrevivir. Es la violencia lo que distorsiona la voluntad de los vascos y no el marco político. Como ha dicho el diputado nacionalista Joseba Arregi, lo que ha dejado claro ETA es que "nunca dejará las armas mientras la sociedad vasca no decida lo que ETA ha decidido que tiene que decidir".